La ultraderecha valenciana inicia las hostilidades hacia la Agencia Antifraude cuando esta inicia su proceso de renovación. El partido liderado por José María Llanos ha apuntado este martes que su intención es “la desaparición” o “reconversión” del órgano que lucha contra la corrupción y vela por las buenas prácticas en la Administración valenciana. En Baleares, donde la derecha también gobierna con la ultraderecha, el Ejecutivo de Marga Prohens ha trasladado a la Agencia Anticorrupción su voluntad de cerrarla.
El portavoz de Vox ha explicitado sus deseos en las Corts Valencianes, preguntado por el proceso de renovación del organismo, para el que hay dos candidatos presentados por entidades civiles. Uno de ellos, vinculado al expresidente Eduardo Zaplana, ha despertado los recelos de la oposición, que cree que es una maniobra de la derecha. El nombramiento requiere una mayoría de tres quintas partes; es decir, un pacto entre izquierda y derecha.
El dirigente de la ultraderecha ha afirmado que estudiarán los currículums para abordar la renovación, que debe estar este semestre, pero ha avanzado que trasladarán al PP, su socio de gobierno, “las medidas necesarias” para “hablar de su reubicación, reconversión, desaparición o lo que sea”. El bipartito ya recortó su presupuesto en un 3% para el presente ejercicio, pasando de 5,3 millones de euros a 5,1.
Preguntado por esta cuestión, el portavoz popular, Miguel Barrachina, ha considerado que el ente dirigido por Joan Llinares “podría haber hecho muchísimo más” durante las dos legislaturas de gobierno del Botànic. El mismo Barrachina que ha presentado denuncias al organismo ha apuntado: “Tengo la sensación de que tiene capacidad para trabajar mucho mejor y con mayor alcance, pero no soy quien para determinar cual debe ser su organización futura”.
Los dos candidatos
Las entidades Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia y el Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituido por Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana- proponen de forma unánime al actual número dos de la Agencia Antifraude, Gustavo Segura, para tomar el relevo de Llinares. Segura es director de análisis e investigación en el organismo, una de las personas de confianza del director, que ha venido ejerciendo el papel de interlocutor con las asociaciones cívicas.
La Asociación Española de Gestores para la Administración Pública propone a Eduardo Beüt González, que fue delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana entre 1999 y 2002, durante el Gobierno de Eduardo Zaplana. Beüt, que entabló amistad con el expresidente y su entorno, con algunos negocios en común con el exjefe de gabinete de Zaplana, imputado en el caso Erial, una causa en la que la Agencia ha realizado pruebas periciales. También trabajó en una empresa pública, Madrid Arte y Cultura, bajo el mandato de la exalcaldesa Ana Botella y posteriormente fue consejero de finanzas en la embajada española en México. Tanto Compromís como el PSPV han cuestionado al candidato por su proximidad con el expresidente imputado.
El socialista José Muñoz ha acusado al PP de “poner a una persona de su estricta confianza” al frente de AVAF: “Vuelve el peor Partido Popular de la historia con el control de las instituciones”, ha denunciado, mientras que Joan Baldoví, de Compromís, ha relacionado la propuesta de Beut con el “inicio de los juicios por el fraude de la época más vergonzosa en la política valenciana”.