La Audiencia de Alicante ha confirmado el procesamiento de los 21 exconsejeros de la extinta CAM por los 600.000 euros en dietas que cobró presuntamente de forma ilegal su expresidente Modesto Crespo en la firma participada Tinser Cartera, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El caso de Tinser constituye una de las causas penales que implican a los antiguos responsables de esta caja de ahorros y fue instruido, como el resto, por la Audiencia Nacional, aunque se derivó a un juzgado alicantino el pasado año.
La instrucción estaba prácticamente concluida, por lo que el juez Manrique Tejada, en el que recayeron las diligencias, dictó un auto de procedimiento abreviado unos meses después y abrió el juicio oral contra los procesados en junio del año pasado.
La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente penas de cuatro años de cárcel para el expresidente de la CAM Modesto Crespo y el ex director general de la entidad Roberto López Abad.
El ministerio público acusa también a otros 19 exconsejeros por las retribuciones que cobró Crespo, supuestamente de forma ilegal, en Tinser Cartera SL, la sociedad participada por la caja que presidió entre 2009 y 2011.
Anticorrupción sostiene que Crespo percibió en ese periodo 600.000 euros “como retribución por una supuesta dedicación que en Tinser Cartera fue inexistente y que en la CAM” era “gratuita por disposición legal”.
Hechos constitutivos de delito
El ministerio público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida agravada y de un delito de societario de administración desleal, y mantiene que López Abad es “inductor y cooperador necesario” y que Crespo y los otros 19 acusados son “autores”.
En este último grupo, tres de los exconsejeros -Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez- se enfrentan a peticiones de tres años de cárcel, mientras que las peticiones de condena para los 16 restantes es de dos años
Se da la circunstancia de que una de ellas, la sección primera, confirmó el pasado mes de enero la apertura de juicio oral contra los 21 sospechosos por los presuntos delitos societarios y apropiación indebida.
Los encausados recurrieron en su día tanto la apertura de juicio oral, que fue confirmada por otra sala de la Audiencia de Alicante hace unos meses, como el auto de apertura del proceso contra ellos, que acaba de ser ratificado ahora por la sección tercera de la institución judicial de la provincia.
El tribunal ha determinado que la mayoría de alegaciones planteadas por las defensas en los quince recursos analizados se refieren a “aspectos que deberán valorarse en el momento del juicio”.
Según la Audiencia, el auto dictado por el juez Tejada cumple las exigencias tanto formales como de motivación, pues detalla “las diligencias practicadas que se estiman esenciales para la determinación de los hechos que se estiman punible y se concretan las personas a quienes se atribuyen”.