Bruselas trabaja con empresarios del calzado para impulsar una iniciativa contra la vulneración de derechos humanos en la cadena de valor. Representantes de la Comisión Europea se reunirán con empresarios del calzado alicantinos de cara a elaborar una normativa de prevención de abusos en la producción. Bruselas quiere incrementar la vigilancia sobre el cumplimiento de los acuerdos comerciales, especialmente en la parte relativa a los derechos laborales y compromisos climáticos, tanto en los tratados con países terceros como en la producción del mercado interior, y reconoce las prácticas de las empresas valencianas.
La comisión se plantea emprender una iniciativa legislativa que ponga cerco a los incumplimientos de derechos humanos en todos los eslabones de la cadena de valor de la producción, incluyendo la fabricación de los componentes. En una reunión el pasado marzo con la alicantina Pikolinos, la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero despertó su interés por saber cómo la mercantil rastreaba que su producto tuviera una fabricación ética, que ha citado como ejemplo en unas jornadas sobre relaciones comerciales del Parlamento Europeo.“No queremos importar abusos”, ha destacado la eurodiputada.
La iniciativa legislativa explora incluir el concepto diligencia debida para impedir la entrada en el mercado europeo de productos realizados en condiciones de explotación laboral, trabajo infantil u otras condiciones abusivas.
La pobreza europea en materias primas y de algunos componentes hace inevitable que recurra a países terceros para obtener partes esenciales en la producción. Es en esas fases, cuando se trocea el proceso, donde se complica la vigilancia de los compromisos con los derechos humanos y climáticos. En este contexto de dependencia para la producción, explican fuentes parlamentarias, los equilibrios comerciales se tornan complejos.
Los expertos que asesoran en materia comercial desaconsejan un repliegue proteccionista y abogan por diversificar las fuentes de obtención de recursos al tiempo que se es firme con los compromisos suscritos. Tras la reunión, que se prevé para principios del próximo año, el proceso legislativo tardará dos años en aprobar y ratificar el proyecto de la norma. “La politica comercial ha de ser coherente con el resto”, apuntan.