Compromís reclama que se derogue la ley de 1957 que permite a los benedictinos gestionar el Valle de los Caídos
El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierne tome las decisiones en firme para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, entre ellas apunta a la derogación del Decreto Ley de 1957, que permite a la orden benedictina gestionar el recinto donde está enterrado el dictador. Esta respuesta se produce después de que el prior de la orden haya anunciado que se negará a la salida de los restos de Franco de este mausoleo.
Pero además Mulet pide al Gobierno de Pedro Sánchez “que estudie seriamente, además de la expulsión de los benedictinos del mausoleo”, calificando de “desacato del prior a la autoridad, al poder judicial y atentar contra la memoria democrática”.
Mulet ha vuelto a recordar que tal y como recoge el informe de la comisión de expertos elaborado en 2011, el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, atribuyó la titularidad y administración del lugar a dicha fundación, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado. Los fines fundacionales eran “rogar a Dios por las almas” de “todos los Caídos” y por España, así como “laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”, sobre la base de la doctrina social católica.
Estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, previo decreto de establecimiento de la Abadía por Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado. Las obligaciones de la orden religiosa consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería. Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960.
Según Mulet “ en primer lugar, este Decreto Ley fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal. En segundo lugar, porqué la Abadía estaría incumpliendo los fines, y por lo tanto, el Patronato, según este texto, ha de dar cuenta a la Santa Sede y solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”.
El senador de Compromís señala que “esta orden a manos de un prior fascista, utiliza su el cargo no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley del 2007 que pide resinificar el conjunto del Valle de los Caídos”. Considera de este modo que las declaraciones del prior del Valle de los Caídos, o de destacados miembros de esta órden, “rozan directamente el delito, amenazan al Gobierno, amenazan con desatacar las decisiones judiciales, insuntan y atentan contra la memoria democrática”.
En tercer lugar señala que el convenio entre la Fundación y la Abadía, firmado en el 1958, “atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo ( obligación de celebrar misas el 20 N entre otras fechas, en honor a los 'caídos en la Cruzada'”. Recuerda Mulet que la Ley de Memoria Histórica señala que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo. A pesar de ello, se continúan permitiendo actos de exaltación franquista como los vistos recientemente, o directamente protagonizados por el prior fascista al frente de la Abadía, Santiago Cantera, quien protagonizó y dedicó el pasado 20 de enero una misa en homenaje al dictador genocida Francisco Franco”.
Y en cuarto lugar, según el portavoz de Compromís, porque la Fundación “no se ajusta a la legislación actual en cuanto a Fundaciones”. Las recomendaciones de la comisión de expertos ya apuntaban a la necesidad de renegociar el convenio con la Iglesia, por ser este anacrónico. Así, según la orden de los expertos, se señala la necesidad de actualizar y definir tanto el régimen jurídico de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos como el estatuto de la Abadía Benedictina.
