El PSPV vuelve a distanciarse de sus socios de Gobierno en materia turística. Los socialistas valencianos no se sumarán a la enmienda presentada por Compromís y Unides Podem para implementar la llamada tasa turística, un gravamen aplicado al visitante para compensar las externalidades negativas de la actividad. Las dos formaciones han decidido presentar su propuesta al margen de su socio, obligando así a los socialistas a posicionarse sobre un impuesto que defienden en su proyecto político pero que llevan años frenando por la presión del sector.
El gravamen ha provocado numerosos choques entre socios de gobierno desde principios de la legislatura. Compromís y Unides Podem han reconfigurado la tasa en varias ocasiones para encontrar un planteamiento que agrade al PSPV y poder impulsar la medida, dado que su representación parlamentaria es insuficiente. En la última ocasión, la vicepresidenta Mónica Oltra y el vicepresidente Héctor Illueca abogaron por una tasa que se destine a políticas de vivienda asequible para jóvenes, cuestión que no logró el apoyo en la comisión negociadora de los presupuestos.
El PSPV se muestra favorable a una tasa de ámbito municipal y de aplicación voluntaria, alegando que el recargo afectaría negativamente a los destinos turísticos que compiten a bajos precios. Entre ellos, Benidorm, donde celebraron su 14 congreso e invitaron a la patronal Hosbec a la charla inaugural, un foro de turismo sostenible en el que se lanzaron varias advertencias sobre la tasa. En la segunda jornada, donde participó el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, se reiteró el rechazo al impuesto, que desde Hacienda consideran una cuestión de política turística y no de política fiscal.
Hasta la fecha, solo dos autonomías contemplan un gravamen al turismo en España: Catalunya y Baleares, las que más visitantes reciben al año. Catalunya fue pionera en su aplicación en 2013 y acaba de aprobar un aumento del importe, que rozará los 4 euros por persona y noche en Barcelona. El recargo varía en función del alojamiento y del municipio, con un mínimo de 90 céntimos por persona y día y la recaudación se reparte a medias entre Generalitat y Ayuntamientos, destinando el 50% para planes de fomento del turismo. En Baleares el tributo se creó como “ecotasa”, para mitigar los efectos ambientales, y se recauda desde 2016, con diferencias en el precio según temporada alta o baja y en función del tipo de alojamiento. En ninguna se ha observado un descenso de los visitantes ni se ha observado un aumento en el índice de precios, indica un informe de la Fundación Nexe.
Los partidos que suscriben el acuerdo del Botánico sí han llegado a un pacto para condicionar las subvenciones que recibe el sector al cumplimiento de los derechos laborales mínimos. Compromís presentó a Unides Podem y al PSPV una propuesta para premiar en el reparto económico a las empresas que mejoren las condiciones de sus empleados, incluyendo en la ponderación: un salario por encima del convenio colectivo sectorial y territorial, formación continuada, contratos indefinidos y mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral respecto de las establecidas legalmente.