La deuda pública es la principal lacra de las cuentas de la Generalitat Valenciana. En el primer trimestre del año se situó en el 41,5% del PIB regional, el porcentaje más alto de todas las comunidades autónomas. Con un importe de 57.676 millones de euros, si fuera un departamento de la Administración pública, sería el que más fondos consume.
La Generalitat Valenciana gasta más en pagar los intereses de la deuda que en inversiones, más en amortizar la deuda anualmente que en personal de la Administración Pública. Consume casi un tercio del presupuesto en una autonomía que de base tiene problemas financieros, un hecho que lastra la prestación de servicios sociales o la puesta en marcha de políticas que incentiven la economía o la innovación. En julio, según el informe de ejecución presupuestaria, el pasivo financiero superaba el gasto del personal, aunque en el presupuesto el saldo previsto está casi a la par.
La condonación de una parte sustancial supondría liberar recursos para las comunidades autónomas sin alterar el cómputo global del Estado. El 88% de lo adeudado por la Comunitat Valenciana se debe a préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un crédito que otorga el propio Estado para sufragar los gastos a los que la autonomía no puede hacer frente, entre otras razones porque el mismo Estado no le transfiere los recursos necesarios. En el caso valenciano, este desajuste se cifra en 1.300 millones de euros anuales. En total, la Generalitat debe al Gobierno 50.900 millones de euros por este préstamo.
A las necesidades de préstamo constante a las que se ve sometida la autonomía hay que sumar los intereses de esa deuda, que se han disparado en los últimos años. En concreto, en los Presupuestos de la Generalitat para 2024, se consignó una partida de 870 millones de euros, cifra que varía en función de los tipos fijados por el Banco Central Europeo. Este año los intereses se han incrementado en un 112%, según la Conselleria de Hacienda.
Si el Estado aplicara una quita de la deuda correspondiente a la infrafinanciación, cifrada en más de un 70% por los expertos, el ahorro aproximado sería de 610 millones de euros al año solo en intereses. Esta reclamación es compartida por la patronal valenciana, los sindicatos, los partidos de izquierda y, hasta hace poco, por el PP. Los populares han renunciado a reclamar esta partida tras la reunión de Alberto Núñez Feijóo con los barones autonómicos, donde se impuso la renuncia al trato singular y a negociar bilateralmente con el Gobierno porque lo consideraba entrar al juego con Catalunya. Este mismo jueves, una semana después del encuentro, el PP presentaba una enmienda a la ley de financiación que propone Compromís donde renunciaba a esta petición.
Pero no aplicar la quita de la deuda no solo implica renunciar al ahorro sino incrementar todavía más el montante a deber. Un informe de la fundación Fedea, de expertos en economía aplicada, estima que en solo tres años la Comunitat Valenciana pagaría el doble de intereses que ahora. En 2025 los intereses alcanzarían los 1.172 millones de euros y en 2027 los 1.893 millones. El informe apunt: “Mientras que a lo largo del periodo 2015-2022 el tipo de interés medio para la deuda pública objeto de análisis ha sido del 0,5 %, en los momentos actuales nos encontramos por encima del 3%”. Y recalca que, incluso si las autonomías redujeran el déficit anual, el coste financiero de la deuda pública autonómica ya contraída sobre el PIB de cada autonomía va a aumentar de manera significativa. Sin una quita, sería inviable acudir a los mercados financieros.