El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado a conocer este jueves -tras comunicárselo al rey Felipe VI- la composición de su nuevo Gobierno, un ejecutivo sin ningún representante del PP valenciano y que mantiene a Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda. La otra cartera que tiene una especial relevancia para la Comunitat Valenciana, Fomento, recae en el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.
Así pues, tal y como se esperaba y a pesar de algunos rumores, los populares valencianos -salpicados en los últimos tiempos por nuevos casos de corrupción, con la macrooperación del caso Taula que desde la empresa pública Imelsa ha tenido ramificaciones en la Diputación de Valencia, el ayuntamiento de la capital valenciana y la propia Generalitat- se quedan sin representación en el primer escalón del ejecutivo de Mariano Rajoy.
Es más, incluso el hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ejercía de valenciano adoptivo debido a que está afincado en Xàbia, también causa baja en el Gobierno.
Quien continúa es la pesadilla del Consell del Botànic, Cristóbal Montoro, quien mantiene la cartera de Hacienda. La Generalitat deberá seguir negociando con un ministro 'hostil' la mejora de la financiación autonómica, el pago de la deuda histórica, el aumento de las inversiones, la habilitación de partidas como los 38 millones para el transporte público en el área metropolitana de Valencia o la condonación de la deuda del Consorcio de la Copa América, entre otras cuestiones. Los precedentes no son nada halagüeños, ya que el gobierno valenciano poco ha conseguido de Montoro más allá del FLA y buenas palabras.
Sin embargo, sí que se introduce una variable que puede ser más positiva para la Comunitat Valenciana. Se trata de Soraya Sáenz de Santamaría, que asume Administraciones Territoriales. Con ello, la vicepresidenta será la interlocutora con las comunidades autónomas y la encargada de negociar con los gobiernos autonómicos.
También habrá que ver cuál es la actitud del nuevo titular de Fomento, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna. Con él deberá negociar un Consell al que no convenció la gestión de Ana Pastor al frente del ministerio la agilización de inversiones vitales para la Comunitat Valenciana como es el Corredor Mediterráneo, que de momento no parece ser una prioridad para el ejecutivo de Mariano Rajoy, más partidario del Corredor Atlántico.
Por último, otro ministro con el que deberá lidiar el gobierno de Ximo Puig será Rafael Catalá, responsable de Justicia. De su ministerio dependen los recursos presentados por el Consejo de Ministros contra medidas como la sanidad universal, la nueva RTVV o el derecho civil valenciano.