La Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) ha valorado como “muy positivo” el dictamen y las conclusiones de la comisión parlamentaria que han hecho público este viernes PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos -el PP no comparte estos argumentos-. Como explica Rosa Garrote, presidenta del colectivo, quien ha destacado que no existe un interés partidista sino que simplemente se pretendía “realizar una exhaustiva investigación sobre el siniestro, sus causas y la gestión posterior”.
Así, han destacado que el funcionamiento de esta comisión “pone en evidencia la realizada en 2006”. En este sentido, recuerdan que se han producido 75 comparecencias frente a las 32 de hace una década; 73 jornadas de comparecencias frente a los 4 días de 2006; se ha escuchado a directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a trabajadores, representantes sindicales, peritos, “y, por primera vez en diez años, a Francisco Camps, Juan Cotino, Víctor Campos y Serafín Castellano”, además de la AVM3J.
En cuanto al resultado de la investigación, el accidente fue “predecible y evitable”, lo que “no puede más que llenarnos de satisfacción, porque es lo que llevamos denunciando 10 años”. Y explican, predecible porque los sindicatos “lo habían denunciado en múltiples ocasiones”, además de pedir que se protegiese con una baliza. Y evitable “porque con el sistema ATP, que controla toda la vía, milímetro a milímetro, la velocidad en la vía hubiese estado controlada y el sistema hubiera frenado el tren”. Es más, insisten, ni siquiera era necesaria esa inversión, “bastaba con reprogramar la baliza ya existente”. De igual forma, se detalla el incumplimiento por parte de FGV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “No se puede dejar la seguridad de la circulación sólo en manos del conductor”.
Por lo que respecta a las responsabilidades de gestión, el colectivo de familiares y víctimas apunta que si los gestores de FGV no fueron capaces de garantizar la seguridad en el transporte debieron ser separados de sus puestos“. Y comentan que ya que el gobierno del PP no lo hizo, ”al menos que quede constancia de su mala gestión y que sus decisiones fueron las que permitieron a un tren de la línea 1 de MetroValencia alcanzar el doble de la velocidad permitida. Poner una señal en la pared no es una medida de seguridad efectiva“.
Sobre las responsabilidades políticas, consideran que los representantes del Consell de Camps “no estuvieron a la altura”, además de “participar o permitir la manipulación de la investigación y de las noticias emitidas por RTVV”. “No fomentaron ni exigieron una investigación del accidente ni cuestionaron en ningún momento la gestión de FGV tras el mayor accidente de metro ocurrido en España”, apunta Garrote, quien lamenta que “decidieron pasar página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido”.