Eduardo Zaplana lo niega todo. Que amañara contratos de adjudicación, que tuviera dinero oculto al fisco en el extranjero, que haya cometido algún cohecho. Que tuviera un documento que indicara como repatriar fondos o un testaferro que le administrara las cuentas. Tras diez años sin realizar declaraciones públicas, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002 y ministro de Trabajo con el Gobierno de Aznar asegura en una entrevista en Salvados que las acusaciones que vierte sobre él la Fiscalía Anticorrupción son falsas. “Estoy convencido de mi inocencia. Si no, no daría la cara”, afirma.
El político popular ha concedido una entrevista en el programa de La Sexta, la primera desde su salida de prisión, en la que se defiende de los cargos, asegurando que hay errores de transcripción y en el procedimiento judicial por el que se enfrenta a una petición de 19 años de prisión y una multa de 40 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de cobrar comisiones millonarias por amañar contratos para la adjudicación de plantas de inspección técnica de vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunitat Valenciana, en el llamado caso Erial, una investigación que arrancó en 2015 y le llevó a prisión en 2018.
“Yo no he podido amañar ningún contrato. Es imposible. No tengo capacidad resolutoria en nada de esto. Suponiendo que tuviera la intención, tendría que haberlo hecho a través de terceros (...) He pedido que declaren todos”, defiende el exministro, interpelado por Gonzo con las acusaciones que aparecen en el sumario, en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o en el auto de procesamiento, que el exministro considera poco claras. “Cómo puedo hacer un cohecho yo, solo, si los que lo tienen que realizar son otros”, insiste, para recalcar que el juzgado no le ha concedido varias pruebas en su defensa. “No tengo otra posibilidad de demostrarlo que esperar al juicio”, asegura el expresidente, que se muestra confiado durante la entrevista.
En el programa, el exministro indica que fue avisado de la investigación dos meses antes de su detención, aunque más adelante apunta a “coincidencias” con las pesquisas y las llamadas cloacas del Estado. “Se ocupaban de mi hace mucho tiempo una serie de personas...”, comenta, en referencia a las anotaciones de Villarejo, recalcando que es investigado y detenido bajo gobiernos de su propio partido.
El expresidente popular basa su defensa en el descrédito de las transcripciones de la UCO y del que la investigación considera su testaferro, el uruguayo Fernando Belhot. En las pesquisas consta una conversación grabada, atribuida a ambos, en la que se afirma que Zaplana dice que necesita dinero y el empresario uruguayo se ofrece a moverlo en billetes de 500, a lo que el expresidente replicaría que en cifras más pequeñas. Preguntado por esta cuestión, el exdirigente popular niega que ese sea el contenido de la grabación: “Esa transcripción está llena de puntos suspensivos. Y la cinta no dice eso”, afirma. “Lo habrán transcrito mal, se habrán equivocado”, considera el exministro sobre los agentes de la Guardia Civil, para insistir durante la entrevista en que “hay un relato construido por la Fiscalía y por la UCO que no me ha permitido contradecir”. Zaplana asegura que Belhot le planteó hacer negocios, que una de las propuestas acabó en el sumario del caso Lezo, pero que nunca le administró las cuentas y le reprocha el cambio de versión, así como de su posición judicial -pasó de imputado a testigo-.
La gestión en la Comunitat Valenciana
Eduardo Zaplana dio el salto a la política autonómica en 1995, cuando pasó de ser alcalde de Benidorm a presidente de la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta del PP. El exmandatario afirma sentirse orgulloso de su gestión, especialmente de “la transformación” de la autonomía. “La gente percibió que le vino bien (...) en la Comunidad Valenciana hay un buen recuerdo de mi gestión”, valora, poniendo como ejemplo la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias -plagada de sobrecostes que multiplicaron por cuatro el precio original-, la Ciudad de la Luz de Alicante -un agujero económico que terminó con una sanción europea- o la “política social”, entre la que cita la construcción de colegios y hospitales -que fueron privatizados y han sido revertidos en las dos últimas legislaturas-.
Sobre la gestión de Terra Mítica, defiende la construcción del parque de atracciones, vendido por 200 millones menos de lo que costó y que terminó en juicio tras su venta; o la contratación de Julio Iglesias por la Generalitat, que costó al erario público seis millones de euros.