La constante oposición de un sector del PSPV a la posibilidad de regular una tasa turística municipal y voluntaria irrita a sus socios de Gobierno. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, apadrinaba este miércoles la presentación de un estudio de la Universidad de Alicante sobre el impacto de un gravamen a los alojamientos hoteleros en la Comunitat Valenciana. Encargado por su departamento a través del Instituto Valenciano de Turismo, el informe considera que el impuesto sería contraproducente y de escaso impacto en la comunidad autónoma.
“En síntesis, actualmente y, al menos, en el medio plazo”, la tasa turística no sería oportuna y no estaría relacionada con la actividad turística en general, “sino con un determinado modelo de desarrollo turístico”, y sería poco efectiva en el turismo de sol y playa, mayoritariamente residencial, apuntan los expertos de la Universidad de Alicante. El informe choca con otros estudios como el de la fundación Nexe, favorable al gravamen, que recalca el impacto económico obtenido en Cataluña y Baleares.
Los expertos apuntan que, en un hipotético caso, la ciudad de Valencia se aproximaría al contexto de otras capitales con la tasa, por su modelo turístico y las Fallas como atractivo. “La tasa se aplica en ciudades que cuentan con iconos mundialmente reconocidos (París, Venecia, Florencia, Roma, Barcelona, etc.), es decir, con una demanda más rígida respecto de la tarifa frente a los destinos de la Comunitat Valenciana, y con necesidades específicas y periódicas de mantenimiento y frecuentemente masificados”, recoge. “Más que a países o grandes áreas regionales, dicha tasa se asocia a ciudades con atractivos únicos que exigen mantenimientos específicos y frecuentemente colapsadas por exceso de visitantes; menos sensibles, por tanto, al precio, por las dificultades para que sus visitantes puedan encontrar fácilmente destinos alternativos de características similares. En la Comunitat Valenciana esta condición podría asociarse a la ciudad de Valencia, más identificada con el turismo urbano, aunque sin ese colapso salvo en momentos muy concretos, como las Fallas”, apunta el texto.
Sobre el argumento de que varios euros por persona y día no afectarían a la demanda, el informe considera que “es una suposición poco contrastada, sobre todo en lugares con especial incidencia de turoperadores con el riesgo de que se planteen destinos alternativos. Resulta evidente que, si esos 14 euros por persona no afectaran a la demanda en la Comunitat, el alojamiento reglado ya habría subido la tarifa”. El informe apunta que la tasa no resolvería los problemas de infrafinanciación autonómica y pone en valor los fondos Next Generation para la sostenibilidad, además de afear que discrimina al alojamiento reglado respecto al no reglado.
Los autores del documento defienden que es falso que los turistas no paguen impuestos por el consumo de recursos en los lugares de destino, argumentando que el 15% de la recaudación de la Comunitat Valenciana en 2019 proviene de tributos vinculados a la actividad turística. En concreto, cita 1.896 millones de euros “ligados a la producción y los productos y servicios” e incorpora al cálculo global el IRPF de los empleados del sector, con otros 1.370 millones de euros, además del impuesto de sociedades, con 582 millones de euros. Ninguno de estos impuestos es asumido directamente por el visitante, como propone la tasa, sino que derivan de la actividad económica en su conjunto. Además, citan las conclusiones, “los impuestos generados por la actividad turística son cuantiosos y muy superiores a los correspondientes a la tasa turística, en torno a 3.800 millones de euros frente a unos 53 millones en el mejor de los casos, es decir, el esfuerzo habría que emplearlo en gestionar lo mejor posible los ingresos actuales frente a la aplicación de otros como la tasa”.
El dirigente autonómico ha manifestado desde que comenzara a debatirse este gravamen su rechazo a la aplicación. En su última comparecencia en las Corts Valencianes, consideró que la propuesta “está en las antípodas de la ley de turismo” y supone un perjuicio económico al sector.
Podemos pide la documentación
El diputado responsable de Hacienda de Unides Podem, Ferran Martínez, ha presentado este miércoles una batería de preguntas parlamentarias para fiscalizar la adjudicación del informe. Los morados consideran que “no contribuye a su fiabilidad que se haya licitado como un contrato menor adjudicado a dedo. Más cuando Francesc Colomer ya había expresado su rechazo tajante a la tasa turística sin ningún dato que avalara su postura, lo que puede llevar a pensar que dicho informe es un traje a medida para justificar una postura previa”.
La formación afea al responsable de Turismo que no informara del estudio en su última comparecencia parlamentaria, hace escasas tres semanas, donde reiteró su rechazo al gravamen. Además, cuestiona que “como cargo del ejecutivo, adjudique a dedo un informe externo para condicionar un debate sobre una ley que se está debatiendo en el legislativo”.
“El dinero público debería usarse siempre para atender las necesidades de los ciudadanos, no para las campañas de ningún lobby contra leyes que están siendo debatidas en el Parlamento. Si cualquier lobby quiere cocinar un informe a su gusto, que se lo pague”, concluye la coalición en un comunicado.