La Generalitat Valenciana refleja en uno de los decretos estrella de Presidencia, el Plan Simplifica, una situación económica tan drástica que requiere de una intervención rápida. El decreto de simplificación administrativa que se tramita en las Corts Valencianes, una de las grandes promesas del PP de Carlos Mazón, asume desde el principio que en el primer año del Ejecutivo bipartito no ha sido fructífero. Pese a que el dirigente popular defiende constantemente de su gestión, los análisis que se recogen en el preámbulo del texto sugieren una realidad peor y sobre la que exige actuar.
Según el texto, en 2023, primer año del Consell del PP valenciano -hasta hace dos meses, de la mano de Vox-, los indicadores económicos manifiestan signos preocupantes respecto al año anterior. “La economía ha mostrado señales de desaceleración”, con un crecimiento del PIB del 2,3%, frente al 5,4% que registró el año anterior. El preámbulo recuerda también que “el Índice de Cifra de Negocios en la Industria de la Comunitat Valenciana para marzo de 2024 (..) refleja una contracción en las ventas de las empresas industriales en comparación con el año anterior”. También señala que, en el sector servicios, “se observa también una desaceleración en la actividad”. “Los indicadores muestran que el crecimiento en este sector ha sido menor al esperado, con una variación anual del ‒3,2 % en marzo de 2024. Esta disminución en el sector servicios ha afectado la dinámica general de la economía valenciana”, recoge.
El preámbulo refiere también una caída de las exportaciones, un crecimiento del empleo más bajo, “una evolución económica menos vigorosa en comparación con la media nacional” o una caída en los índices de producción industrial, especialmente textil y calzado. La tasa de crecimiento del empleo en la región ha sido del 1,8 %, cuatro puntos por debajo de la media nacional. Y señala, de forma lapidaria: “La inversión extranjera directa ha disminuido en un 15 % en comparación con el año anterior, lo que refleja una menor confianza en el entorno económico de la región”.
De estas premisas se justifica la urgencia y la premura para aprobar un decreto que modifica un centenar de leyes y que facilitará los proyectos más llamativos del presidente Mazón, como la oficina de inversiones que dependerá de su propio departamento, anunciada el pasado martes. El plan simplifica se ha convertido en una suerte de decreto ómnibus, similar a la ley de acompañamiento a los presupuestos, que emplea la fórmula legislativa para cambiar de un plumazo grandes normas.
Desde el departamento de Presidencia defienden que el decreto “aumenta la transparencia y la comunicación” y facilita a la ciudadanía sus relaciones con la Administración. Para sostener esta postura, el jefe del Consell ha enviado a las Corts Valencianes a uno de los miembros de su núcleo duro, que conmina a la oposición a presentar enmiendas y facilitar una tramitación más compleja de lo esperado por la alianza de Vox con la oposición.
Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, ha comparecido este miércoles en las Corts Valencianes para explicar la cuestionada norma. La oposición considera que es un coladero de reformas y la Abogacía de la Generalitat ha afeado la reducción de controles, censurando que se elimine la huella de los lobbies en los grandes proyectos. El texto, que tiene 187 páginas, relaja aún más los requisitos ambientales para grandes proyectos, con especial foco en las plantas solares fotovoltaicas, el turismo y el urbanismo.
El llamado Plan Simplifica se tramita como un proyecto legislativo porque Vox, que un día antes había roto con el PP de Mazón, decidió con su voto inclinar la balanza. El Pleno de las Corts aprobó el texto, pero decidió que su tramitación pudiera recibir enmiendas. A García se le considera el autor intelectual de un plan que, bajo la premisa de la reducción de trámites duplicados, podría estar colando por la puerta trasera grandes proyectos urbanísticos y reduce la transparencia. El secretario autonómico ha defendido la desburocratización como una forma de hacer la vida más fácil a los ciudadanos y a las empresas que quieren operar en la Comunitat Valenciana en una clase de derecho administrativo y una lectura de trámites.
García ha defendido que la norma persigue dibujar un “camino más fácil” a la ciudadanía, hacer trámites telemáticos o por videoconferencia, que la gente no pierda el tiempo con los trámites y las empresas no arriesguen inversiones a años vista, confiando en la buena voluntad por defecto. Tendrán “centralizada la información, documentación y los expedientes” en un portal, dado que “cuando una empresa quiere instalarse en la Comunitat Valenciana y pide un préstamo, si tardamos 2 o 3 años en darle la autorización, eso tiene un coste”.
A la oposición, sin embargo, no le ha servido de nada esta lista de buenas voluntades: el decreto, señalan, es una forma de “arrasar el territorio”, mientras el PSPV cree que es “la antesala del urbanismo a la carta”, dado que permite, entre otras cuestiones, que se construyan hoteles a 100 metros de la costa. El secretario autonómico niega esta cuestión: “Eliminamos la prohibición y nos remitimos a la normativa sectorial. A estas Corts va a venir una ley de Costas, ya decidirán ustedes la distancia”, sostiene. El texto elimina cláusulas de responsabilidad social, fomenta la declaración responsable, reforma la ley de transparencia. Vox, quien provocó que se alargara su tramitación, ha manifestado su predisposición a aprobarlo.