La Generalitat vuelve a ser avalista del Valencia Club de Fútbol
El Valencia club de fútbol está muy cerca, a día de hoy, de ser propiedad de la Generalitat Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha fallado que el préstamo concedido por Bancaja y avalado por el gobierno valenciano a la Fundación del club para hacerse con la mayoría de la sociedad es válido.
Como la Fundación del club no puede hacer frente al pago del dinero adeudado, 75 millones de euros más intereses, el banco ya ha insinuado su intención de embargar a la Generalitat, que además sería la propietaria de una sociedad anónima deportiva con 350 millones de deuda. La administración autonómica ya es, de facto, la dueña de otros dos clubs valencianos de élite, el Elche y el Hércules.
Operación política
En 2009 el Valencia estaba al borde la quiebra tras haber acumulado una deuda de cerca de 500 millones de euros. Incapaz de pagar los salarios de sus jugadores, las obras del nuevo estadio –vendido en su momento como otro ícono de la Valencia del siglo XXI- ya se habían parado. Un fondo buitre pretendía quedarse con el club a precio de saldo para desguazarlo y, sin atender a los acreedores, obtener suculentos beneficios.
En esa coyuntura, la cúpula del club, en connivencia con la Generalitat, aprobó una ampliación de capital de 92 millones de euros para darle liquidez a la empresa. Los accionistas minoritarios aportaron 17 millones y, Bancaja, avalada por el banco público de la Generalitat, el Instituto Valenciano de Finanzas, 75.
Como el club, a través de su Fundación, no ha podido hacer frente al préstamo, la Generalitat ya ha tenido que pagar 4.8 millones de euros de ese préstamo en su condición de avalista. Hasta ahora, exonerado provisionalmente por una sentencia de un juzgado de primera instancia, el gobierno presidido por Alberto Fabra renegaba de ese aval.
Sin embargo, el fallo del TSJ le devuelve el Valencia a una Generalitat que está prácticamente en quiebra. Aún hay esperanza, sin embargo, para Fabra. El alto tribunal valenciano no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto: si el aval de la discordia fue ilegal, tal como defienden dos socios.
Los magistrados, que han aceptado el recurso de Bankia simplemente porque el banco fue ilegalmente excluido del proceso, no han entrado en el fondo del asunto y han devuelto el caso al juzgado ordinario, que ahora deberá pronunciarse.
La Generalitat, a la espera
De momento, el gobierno valenciano no mueve ficha. Está al borde de la quiebra y ser embargado por el impago de un club de fútbo resultaría letal. Dejar caer a la institución deportiva valenciana más representativa, además de que no ahorraría el dinero avalado a Bankia, no es una opción mejor.
“Siempre hemos acatado las decisiones judiciales y ahora también vamos a hacerlo, pero debemos estudiar el pronunciamiento antes de hablar sobre él”, ha dicho el vicepresidente del gobierno valenciano, José Ciscar. “Lo que es cierto es que hoy no concederíamos este tipo de avales”, ha añadido.“Nosotros no somos propietarios del Valencia CF. No es una empresa pública, pero nadie se ha planteado, ni se planteará su venta”.
