El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está estudiando recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes valencianas de concordia y libertad educativa aprobadas la pasada semana por el Consell de Carlos Mazón en el marco de un paquete legislativo de cinco normas impulsadas por el Partido Popular y Vox y que también incluyen las leyes que permitirán al Gobierno autonómico controlar À Punt y la Agencia Antifraude.
Así lo ha confirmado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que el pasado fin de semana era proclamada nueva secretaria general del PSPV, en una entrevista concedida a la radio televisión pública valenciana. Y lo justificaba al explicar que esta legislación “confronta con leyes ya establecidas en el marco del Estado y la Constitución”.
La líder de los socialistas valencianos ha calificado de ejercicio de “manipulación” ya desde su nomenclatura a la nueva ley de concordia, que pretende sustituir a la de memoria democrática y reconocer “todos los actos violentos desde 1931”. “Concordia no puede ser defender el franquismo frente a la democracia, que es lo que quieren hacer PP y Vox”, sostenía Morant, para quien “no se había atravesado nunca en este país la línea de atacar la ley de memoria democrática defendiendo incluso el franquismo”.
La ministra y líder de los socialistas valencianos también ha tildado de “hipocresía” la mano tendida anunciada por Carlos Mazón a través de redes sociales tras su elección: “De la mano de Vox, el PP nos pone encima de la mesa retroceder. No creo que podamos llegar a muchos acuerdos sobre la agenda valenciana si la suya es la agenda de Vox”, explicaba.