El Gobierno valenciano tiene localizados 143 prostíbulos y envía a la Policía Autonómica a vigilarlos

El Gobierno valenciano tiene localizados 143 locales que operan como clubs de alterne o en los que se sospecha que se ejerce la prostitución. La Conselleria de Justicia ha facilitado este miércoles algunos datos sobre las inspecciones que han realizado tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como los efectivos de la policía autonómica -la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Generalitat Valenciana- durante el primer mes de vigencia del decreto de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

Desde el pasado viernes, dada la detección de varios brotes de coronavirus situados en prostíbulos de todo el Estado, entre ellos uno en Cox (Alicante), el departamento que dirige Gabriela Bravo ha intensificado las inspecciones de los llamados locales de alterne en la Comunitat Valenciana. De un lado, preocupa la situación de especial vulnerabilidad de aquellas mujeres que son explotadas sexualmente; de otro, que puedan ser focos de contagio difícilmente rastreables por lo ilícito de la actividad.

El Gobierno autonómico tiene dos armas para controlar los locales donde se sospecha que se ejerce la prostitución, dadas las dificultades legales para perseguir la actividad y las trampas que emplean los locales. La primera, comprobar si la licencia de actividad del establecimiento se ajusta a la actividad realizada; la segunda, si se cumplen las medidas sanitarias que exige la normativa aprobada para luchar contra la COVID-19, aprobada el pasado 26 de julio. En este marco, desde el fin de semana se han inspeccionado 37 locales, de los que 13 permanecían cerrados. La policía autonómica ha propuesto sanción para 10 de ellos; seis por operar con licencias que no corresponden, cuatro por no cumplir los protocolos sanitarios. De los locales inspeccionados 18 se encuentran en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castellón. El dispositivo especial centra la dedicación de los 380 agentes de la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, para la que la consellera reclamó más efectivos hasta llegar a los 500 que marca la norma. Estos agentes vigilarán de forma constante los locales donde se presume que se ejerce la prostitución y, de darse algún indicio de esta actividad, se iniciaría el procedimiento de investigación.

En total, de los llamados locales de ocio nocturno, que recogen bares, pubs, discotecas o salas de baile, se han inspeccionado 2.482 locales y se ha propuesto sanción para 294 por no cumplir las medidas sanitarias.

Ley contra la trata

La consellera Bravo, abolicionista declarada, reclama al Gobierno central una ley integral contra la trata. “Hay que abordar el debate en toda su magnitud. Tenemos que plantear como sociedad democrática si cabe mercantilizar el cuerpo de las mujeres”. Según explicó, la Generalitat Valenciana “está actuando en el estricto marco de sus competencias” para afrontar un problema como el de la prostitución para el que reclama un cambio legislativo profundo. “No podemos consentir esa nueva forma de esclavitud”, clamaba la consellera.

Bravo expresó que es muy consciente de que la prostitución que se ejerce en estos locales “supone apenas el 20%” de todo el fenómeno y que el Código Penal solo castiga el proxenetismo, “por lo que la única solución es la abolición de la prostitución porque no es sino otra forma más de violencia y maltrato hacia las mujeres”.