Hace tiempo que la escena se produce con cierta normalidad en algunas causas judiciales yya no resulta tampoco insólita en los procedimientos parlamentarios gracias a la corrupción rampante de los últimos tiempos en la política. Un preso convicto comparecerá el lunes 24 de octubre mediante videoconferencia desde la cárcel de Picassent ante una comisión de investigación de las Corts Valencianes.
Se trata de Rafael Blasco, que fuera conseller en diversas carteras durante los gobiernos del PP en la Generalitat Valenciana y portavoz parlamentario de los populares en la propia Cámara autonómica hasta poco antes de ser condenado en mayo de 2014 por haber concedidoen 2008 cerca de 1,8 millones de euros en ayudas para la cooperación en Nicaragua que se gastaron, en realidad, en la compra de inmuebles en la ciudad de Valencia.
Blasco, condenado a ocho años, después reducidos a seis por el Tribunal Supremo, en el conocido como “caso Cooperación” y que tiene pendientes otras causas, ingresó en el centro penitenciario de Picassent en junio de 2015 y salió de la cárcel para declarar en el juicio de la pieza del caso Gürtel referida a las adjudicaciones de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur a la trama que lideraban Francisco Correa y Álvaro Pérez.
Por eso, cuando la comisión parlamentaria creada para investigar la adjudicación de plazas de residencias de dependientes al grupo empresarial de la familia del expresidente de las Corts Juan Cotino decidió citarlo el pasado febrero, se pensó que ocurriría algo parecido; que Blasco sería trasladado desde la prisión en un furgón policial hasta el Parlamento en el que tanto poder tuvo para sentarse ante los diputados que integran la comisión y responder a sus preguntas.
Sin embargo, no ocurrirá así. “Es el director de la prisión quien toma la decisión”, comenta el diputado socialista Ignacio Subías, presidente de la comisión que ha citado a Blasco. Y cita otros casos de ilustres corruptos en los que se ha optado por la videoconferencia, como los de Luis Bárcenas ante los parlamentos de Baleares y Cataluña o Francisco Granados ante una comisión de la Asamblea de Madrid.
En el caso valenciano, en la misma comisión de investigación y desde el mismo centro penitenciario, ya declaró por viodeoconferencia Tina Sanjuán, que fuera secretaria general de la conselleria de Blasco en varias áreas de la Generalitat y que está condenada por los mismos hechos que su jefe: el fraude en la concesión de ayudas de cooperación.
Blasco ha sido citado porque era conseller de Bienestar Social cuando se organizó un proceso de adjudicación de más de 6.000 “plazas de accesibilidad” en residenciaspara personas dependientes que acabó poniendo más del 40% de las mismas en manos de empresas vinculadas a la familia Cotino.