Uno de los mantras que más ha repetido la derecha (PP y Vox) ha sido la alusión al “infierno fiscal” en el que, supuestamente, Ximo Puig y el Consell del Botànic habían sumido a la Comunitat Valenciana los últimos ocho años. De este modo, no es de extrañar que entre las 50 medidas acordadas por la derecha y la extrema derecha valenciana se encuentren bajadas generalizadas de impuestos. Recordemos que hace apenas dos meses, el futuro presidente de la Generalitat -gracias a la ultraderecha- anunció su última propuesta fiscal, que incluía una reducción del IRPF que era del 5% para las grandes fortunas y de apenas un 0,25% para las rentas más bajas.
Otra de las iniciativas que también habían venido anunciando desde hace meses, y que está recogida en el punto nueve del pacto de Gobierno rubricado esta semana, es la eliminación de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. ¿Pero, qué implica que la Administración autonómica deje de cobrar estos tributos?
En el pasado ejercicio fiscal, correspondiente al año 2022, las arcas públicas valencianas recaudaron 326.090.080 euros por el impuesto de sucesiones; en concepto del tributo sobre donaciones, se consiguieron 27.217.660 euros más; y por último, se obtuvieron 198.413.130 euros gracias al impuesto sobre el patrimonio, al que tienen que hacer frente aquellas personas que tienen un patrimonio superior a los 500.000 euros.
En total, según los datos facilitados por la Conselleria de Hacienda, la Generalitat Valenciana recaudó 551.720.870 euros por estos tres conceptos, lo que supone aproximadamente el 42% de lo que la Comunitat Valenciana deja de percibir cada año a causa de la infrafinanciación -el Consell viene incluyendo cada año en los presupuestos una partida reivindicativa de 1.300 millones de euros correspondiente al déficit en la financiación autonómica-.
La eliminación del impuesto de patrimonio beneficiará a los 26.767 valencianos más ricos, es decir, al 0,53% del total de la población (que es de 5.178.624 personas); mientras que 24.574 personas de 199.977 herederos o legatarios pagaron el tributo de sucesiones el pasado año, el 12,30% de aquellos que heredan, y apenas el 3,85% tuvieron que hacer frente a abonos superiores a los 5.000 euros.
Renunciar a ingresos siendo la autonomía peor financiada
PP y Vox, además de la eliminación de los tributos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, prevén una reducción del IRPF “en todos los tramos”, lo que se traducirá en una importante reducción de ingresos para las arcas públicas. Y todo ello, en una comunidad como la valenciana infrafinanciada -el punto cuarto del acuerdo reza: “Exigiremos al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice la justa financiación de la Comunitat Valenciana”, una reivindicación que viene realizándose desde hace años, sin éxito, por la falta de consenso entre territorios para corregir un sistema de financiación caducado hace una década-.
La Comunitat Valenciana, a causa de la infrafinanciación crónica, es la autonomía peor financiada de España según reconocen distintos organismos –según la AiRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), los valencianos recibieron 2.247 euros por habitante en 2021, 178 euros menos que la media de las autonomías del régimen común–. A causa de esta falta de recursos, el endeudamiento representaba en 2022 el 44% del Producto Interior Bruto.