Los impulsores de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) por una radiotelevisión pública en valenciano consideran que las 14 enmiendas parciales presentadas por el PP “en realidad suponen una enmienda a la totalidad encubierta”, con lo cual consideran que hacen “un uso fraudulento del Reglamento de las Corts”, porque esta posibilidad la prohibe el artículo 125.6 de esta norma.
Recuerdan que la ILP está formada por 7 artículos y 4 disposiciones, y que “el PP ha modificado uno tras otro de estos apartados, sin excepción, incluida l’Exposición de Motivos”. Además añaden que el grupo popular ha presentado dos enmiendas de adicción que “desvirtúan completamente tanto el sentido como la literalidad del texto de la iniciativa legislativa, que firmaron 90.000 ciudadanos en solo 4 meses”.
Más allá del dictamen del Consell
Aseguran que “resulta evidente que las enmiendas que ha presentado el PP tienen la finalidad de hacer inaplicable l’objetivo último de la ILP, todo lo contrario del que se supone que tiene que buscar una enmienda”. Por ello acusan al PP de que su intención final era “tumbar esta iniciativa legislativa”, pero que en vez de votar en contra se ha optado por “introducir factores tanto clamorosamente evidentes de inviabilidad que supone una perversión, un fraude”.
Así explican que la Disposición tercera que el PP ha presentado como enmienda de adición establece unas condiciones que hacen “completamente inviable la recuperación de un servicio público de radio y televisión en valenciano a medio plazo”. Pero además adviernten que “sobrepasan de largo el propio posicionamiento inicial del Consell, que quedó fijado en el dictamen que emitió el 14 de noviembre de 2014”.
Según este dictamen, la única condición que marcaba el Consejo era que “no hay que exigir más impuestos a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana con que poder financiar una nueva televisión pública”. En cambio, el Grupo Popular amplía ahora esas exigencias a un total 5 requisitos, entre los cuales está “que se produzca la liquidación definitiva del ente que anteriormente prestaba el servicio público de radiotelevisió valenciana”, circunstancia que los propios liquidadores de RTVV nombrados por el Consejo han declarado en sede parlamentaria que va a ser prácticamente imposible.
Para los impulsore de la ILP con esta posición “condena los valencianos a ser l’única comunidad autónoma con lengua propia sin unos medios de comunicación mientras que con nuestros impuestos sí estamos pagando indirectamente las televisiones de otros territorios oficialmente monolingües, como Ceuta”.
La Comisión Promotora de la ILP también considera que esta maniobra representa “una actitud inadmisible por lo burla y estafa a los miles de ciudadanos que han firmado la iniciativa legislativa en un tiempo recuerdo”.