El Gobierno reitera su compromiso con la reforma del sistema de financiación autonómica pero advierte que no será fácil. La titular del Ministerio de Hacienda, Maria Jesús Montero, comparece este miércoles en el Congreso a petición del diputado de Compromís, Joan Baldoví, para dar cuenta de los avances en el cambio de modelo, un compromiso de legislatura y un acuerdo parlamentario suscrito por los partidos que dan soporte al Gobierno de coalición.
La ministra ha señalado que “el compromiso de este Gobierno con la financiación es inequívoco”, pero a su vez ha subrayado las dificultades para poner de acuerdo a tres bloques de comunidades autónomas y conseguir los apoyos necesarios en el Congreso. La reforma del sistema de financiación requiere de un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde tienen representación las autonomías y el gobierno central, pero también un acuerdo en el Congreso de los Diputados, puesto que se tramita como ley orgánica. Así, Montero emplazaba a los dirigentes autonómicos, que han comenzado a alinearse públicamente, a superar la visión estrictamente territorial y comprender las necesidades de otros territorios, mientras que emplaza al principal partido de la oposición, el PP, a acordar una posición con sus barones -misión que tendrá que abordar el PSOE- para llegar a la votación.
El Gobierno ha mantenido en los últimos meses reuniones con dirigentes autonómicos para recoger las propuestas y sus posiciones ante la reforma. En las reuniones bilaterales el objetivo ha sido avanzar en el criterio de población ajustada, ha expresado, un criterio que definirá una sección del reparto de fondos. El peso que debe tener este concepto en el sistema de reparto es motivo de disputa entre las autonomías, con independencia de su color político. Otros criterios serán el envejecimiento de la población, la población infantil y el consumo de servicios públicos.
En estos encuentros el equipo del ministerio ha ido incorporando las aportaciones de las autonomías para configurar un modelo que supere las asimetrías territoriales, que dejan, según los informes, una diferencia superior a 700 euros -25 puntos en una escala de 100- entre la comunidad mejor financiada -Cantabria- y la peor -la Comunitat Valenciana-. “Como me comprometí con el señor Baldoví, presentaremos el documento en noviembre”, ha insistido la ministra. “No será lo que quiere cada uno de los territorios, pero tenemos que ser capaces de tener mirada amplia que permita llegar al acuerdo”, ha reclamado.