El pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez abre una vía de oxígeno para las cuentas de Generalitat Valenciana. La condonación de un 20% de la deuda que Catalunya tiene con la Administración estatal es trasladable a otras comunidades autónomas, según anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras el acuerdo, advirtiendo que se revisaría caso a caso. La quita sería especialmente beneficiosa para la Comunitat Valenciana, la segunda más endeudada con el Estado y la peor financiada junto a Murcia, una deficiencia crónica que ha incrementado severamente su deuda. A ello se añade el pacto entre el PSOE y Sumar, que se compromete a la reforma de la financiación autonómica y a una compensación a la Comunitat Valenciana.
El acuerdo entre el PSOE y ERC suscrito este jueves hace referencia a una modificación legal que permita “la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este, originada por el impacto negativo del ciclo económico, para lo cual se determinará qué parte del incremento de deuda obedece al impacto del ciclo”, en referencia a la crisis económica del 2008 y los años siguientes. También abre la vía a “la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado”. En el entorno de la crisis financiera de 2008 se produjo una debacle de los ingresos autonómicos que redujo en un 30% la financiación efectiva media por habitante ajustado de 2009 en la Comunitat Valenciana con respecto al máximo de 2006, que en 2019 todavía no se había recuperado, según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
La autonomía valenciana cuenta con un problema añadido: en 2009 se reforma el modelo de financiación, que la relega a la cola en el reparto de recursos, forzándola a endeudarse aún más para sufragar los servicios públicos básicos. Los expertos cifran entre un 75% y un 80% la deuda valenciana derivada de la infrafinanciación, que obliga a recurrir a los préstamos, y es ya tan elevada que hace inviable que el territorio acuda a los mercados porque los intereses serían inasumibles.
Tras Catalunya, la Comunitat Valenciana es la que más deuda tiene con el Estado. Es la segunda más endeudada en términos absolutos y la primera en relación con su PIB. De los más de 57.000 millones de euros de deuda de la administración autonómica valenciana, 48.300 millones (el 84%) son consecuencia del Fondo de Liquidez Autonómico, una fórmula que inventó el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la crisis que implica préstamos a las comunidades para pagar sus facturas. La condonación sería, como mínimo, de 9.700 millones de euros, si se aplica la estimación del 20% que el jueves se fijó para Catalunya. Solo en el presupuesto para 2024 el Gobierno valenciano de PP y Vox prevé 8.000 millones de euros de deuda, una cuarta parte del presupuesto total.
Para medir el impacto del ciclo económico y la deuda, la singularidad de la infrafinanciación valenciana debe tenerse en cuenta. Existe una relación directa entre infrafinanciación y crecimiento de la deuda, según apuntan los expertos en financiación autonómica valenciana: a medida que crece la infrafinanciación, crece la deuda en mayor proporción. Si por cada euro de infrafinanciación se aumenta en 0,30 euros la deuda, cuando la infrafinanciación supera el 20% el impacto crece hasta los 0,70 euros. En la Comunitat Valenciana, donde se ha superado el 30%, cada euro de infrafinanciación se traduce en un euro de deuda, según apuntó el economista Francisco Alcalá en unas jornadas del IVIE sobre deuda pública.
En 2008, año que se toma como referencia para el ciclo económico negativo, la deuda valenciana era de 13.696 millones de euros. El sistema de financiación se reforma en 2009 y el FLA comienza a operar en 2011. Entre 2011 y 2012 es cuando se produce el gran salto, pasando de 21.800 millones a 30.000 millones de euros. En 2015 la deuda ya era de 42.000 millones de euros, más del triple que antes de la crisis y la reforma del modelo, más del doble que antes del FLA.
En las dos últimas legislaturas, los partidos de izquierdas en el gobierno (PSPV, Compromís y Unides Podem) reclamaron insistentemente una condonación de la deuda, avalados por informes de expertos en financiación. La reivindicación ha sido habitual también de los agentes sociales. El jueves, poco antes de conocerse el acuerdo, se reunió la plataforma Per un Finançament Just, de la que también forma parte el PP valenciano, que difundió un manifiesto en el que reclama la reforma del modelo de financiación autonómica, la exigencia de inversiones acordes al peso poblacional y la condonación de la deuda provocada por la infrafinanciación. Todos los partidos con representación parlamentaria salvo Vox apoyan el manifiesto. Sobre el acuerdo, Compromís ha especificado que solo dará respaldo a la condonación de la deuda si se incluye la valenciana, mientras que los dirigentes del PP han salido en tromba a cargar contra la posibilidad.
Los socialistas valencianos celebran el acuerdo con ERC y con Compromís-Sumar, que incorpora las tres reivindicaciones básicas que ha hecho la autonomía durante el mandato de Ximo Puig. El secretario general del PSPV ha explicado este viernes que “gracias a las medidas acordadas en el pacto, la Comunitat Valenciana es la autonomía que más dinero se ahorrará, con hasta 1.800 euros de ahorro por cada valenciano y valenciana”. El dirigente socialista ha puesto en valor que, además de la condonación de la deuda, “el acuerdo [con Sumar] reconozca de manera expresa que somos la comunidad autónoma peor financiada de toda España y aborde, desde una perspectiva global la reforma de la financiación autonómica para garantizar la igualdad entre territorios”. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que “se abre una puerta interesante” que significará “más recursos para poder hacer política en clave social, de vivienda y económica” y ha pedido al presidente valenciano, del PP, que aproveche este recurso.
El Gobierno valenciano aún medita qué hacer al respecto, si bien es cierto que el margen de actuación es muy amplio, dado que el acuerdo implica un mecanismo legal supeditado a que haya Gobierno, algo aún en el aire. Preguntada por esta cuestión, la portavoz del Consell, Ruth Merino, ha considerado “vergonzoso” e “indecente” el acuerdo con ERC. “Lo que está ocurriendo es una compra de votos”. “Se ha dejado de hablar de las comunidades infrafinanciadas y se ha empezado a hablar de la crisis de 2008”, ha denunciado Merino, que critica la incertidumbre para el resto de comunidades. “Vamos a exigir, al menos, el mismo trato, porque esta comunidad sí está infrafinanciada”, ha sentenciado. “No vamos a dejar de exigir lo que es justo”, insiste Merino, que subraya la necesidad de la reforma del modelo de financiación.
Hasta la fecha, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de condonar la deuda. El dirigente popular lo enmarca en una concesión al independentismo, que se negocia en “un cuarto oscuro”, y el jueves por la mañana consideró que “no es lo más serio”. Eso sí, puestos a condonar, pidió que su comunidad fuera la primera. El mismo jueves, una vez conocido el acuerdo del PSOE y ERC, manifestó que “crea una división injusta entre comunidades”, pese a que las del PP están entre las más beneficiadas. Mazón ha reclamado en numerosas ocasiones una compensación por la infrafinanciación, pero ha evitado contradecir a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, respecto a la condonación de la deuda.
Este viernes, tras la reunión con la plataforma Per un Finançament Just, Mazón ha aludido a la “excepcionalidad valenciana” y ha afirmado que tiene una “doble justificación” para hacer la reclamación, porque no solo es un territorio infrafinanciado sino que además lo ha acreditado. “Llegamos con los deberes hechos por haber trabajado duro y bien”, un trabajo que se ha llevado a cabo “independientemente de la coyuntura, de las propuestas o el contexto”, ha afirmado, para después incidir en que no se convierta en una batalla entre territorios. Tomar la vía abierta por Esquerra Republicana le supondría un notable alivio en las cuentas, hinchadas en 2.000 millones de euros de ingresos.