Las Corts Valencianas abordarán en los próximos días el segundo intento de actualizar la Ley Electoral valenciana para reducir la barrera electoral del 5% al 3%. Los partidos que conforman la mayoría progresista, PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, negocian con Ciudadanos para presentar de forma inminente la reforma de la ley y mejorar los criterios de proporcionalidad y paridad en la representación parlamentaria.
La formación naranja aún no ha decidido si suscribirá la proposición del Pacte del Botànic para presentarla de forma conjunta o presentará sus enmiendas directamente, pero ya ha comenzado a negociar algunas cuestiones. La reforma necesita 66 votos -tres quintas partes de la cámara- y las formaciones progresistas no suman esa cifra, por lo que el apoyo del partido que dirige Toni Cantó sigue siendo imprescindible.
El cambio de actitud de Ciudadanos ha sido más que evidente, formalizado después de las elecciones generales que dejaron al grupo en el Congreso con solo 10 diputados. La formación que lidera Toni Cantó en la Comunitat Valenciana ya ha comunicado públicamente su predisposición a sentarse a la mesa y la rebaja de algunas exigencias que haría posible la reforma de la ley electoral sin la reforma del Estatut. Sus asesores ya han planteado algunas propuestas con los partidos del Botánico. La disyuntiva de la formación es si rubricar o no un escrito con sus oponentes políticos. Según indican algunas fuentes, la previsión es presentar la propuesta 'botánica' esta próxima semana y seguir negociando con Ciudadanos.
Por el momento, las cuatro formaciones coinciden en la reducción del listón electoral, de los más altos de España, que ha dejado en varias convocatorias electorales a partidos como El Bloc o Esquerra Unida fuera del parlamento autonómico por apenas un 0,3% de los votos. La reforma avanza en el concepto de listas desbloqueadas, permitiendo que los candidatos con un porcentaje elevado de votos -sobre el 10%- puedan subir en las listas que sus partidos han presentado, premia las primarias abiertas, estipula que el envío de propaganda sea conjunto -para ahorrar en términos económicos y medioambientales- e introduce debates obligatorios en la televisión pública.
La norma incluye además ampliar el concepto de listas cremallera -alternando los sexos en las listas electorales- y avanza hacia la “democracia paritaria” -así lo denomina la diputada de Unides Podem Cristina Cabedo-, planteando que la cremallera se aplique en tramos de dos, al tiempo que se respetan los tramos de cinco de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En otras palabras, que pudiera haber dos mujeres seguidas en los primeros puestos de una lista electoral, con la fórmula mujer-mujer-hombre-mujer-hombre, para corregir una infrarrepresentación histórica en democracia. Los naranjas piden avanzar en la proporcionalidad de las provincias, reduciendo los escaños de Castellón, sobrerrepresentada, pero que no puede bajar de 20 diputados sin reformar el Estatut.
La reforma ha transitado un camino complejo desde que se presentó. Las formaciones que ahora negocian tenían propuestas mucho más ambiciosas y diferentes entre sí, unas expectativas que tuvieron que rebajar para conseguir la mayoría parlamentaria de tres quintos que requiere esta reforma. Con todo, la norma se quedó sin aprobar por el cambio de posición a última hora del anterior grupo parlamentario de Ciudadanos, que planteó unas exigencias inasumibles sin una reforma del Estatut d'Autonomía que, por plazos y requisitos -un referéndum- quedaba fuera de la legislatura. En octubre de 2018 el grupo entonces dirigido por Mari Carmen Sánchez cambió su parecer y planteó que primero tendría que aprobarse una reforma del Estatut en las Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados. El plan de trabajo de la comisión especial para la reforma del Estatut en 2016 ya veía complejo abordarla en sólo tres años. La disolución de las Cortes Generales terminó de rematar esta idea.
Ahora, con el cambio de actitud de Ciudadanos y la entrada en los parlamentos de cada vez más formaciones, los partidos consideran que sería un fracaso acabar esta legislatura sin poder aprobar la reforma de una de las leyes electorales más antiguas del Estado español.