La portavoz de Educación del grupo popular en las Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado la presentación de un recurso ante los tribunales y ante el Defensor del Pueblo “por el decreto del chantaje lingüístico que Marzà va a imponer en el sistema educativo valenciano” con el decreto de plurilingüismo.
En rueda de prensa, Gascó ha resaltado la “indignación y preocupación en la comunidad educativa por el decreto de chantaje lingüístico” y ha calificado de “vergonzoso” el trámite seguido por Educación, “saltándose todas las mesas de negociación e impidiendo la participación de la comunidad educativa”.
“Una de las normas más importantes en educación se hace por la puerta de atrás, chantajeando y vulnerando los derechos de los estudiantes y de sus padres y madres. No se puede gobernar dejando de lado a una parte muy importante de la población que ha mostrado su rechazo a esta norma”, ha incidido la 'popular'.
A su juicio, al conseller del ramo, Vicent Marzà, “no le tiembla la mano a la hora de poner en marcha la maquinaria para catalanizar la educación”.
Gascó ha concretado las cinco razones por las que van a denunciar este decreto: “Por ser ilegal al vulnerar derechos recogidos en la Constitución y en el Estatuto, por adoctrinar al alumno, por seguir la misma hoja de ruta del independentismo catalán, por coaccionar y chantajear a las familias con las opciones, y por las desigualdades que crea entre el alumnado”.
El decreto “incumple la ilegalidad”
Ha subrayado que el decreto “incumple la legalidad al vulnerar los derechos de quienes opten por estudiar en castellano al verse penalizados” porque “se discrimina en función de la lengua” y las zonas castellanohablantes y el alumnado castellanohablante “van a ser discriminados y van a tener muchas menos opciones académicas en el presente y laborales en el futuro”. “Hay prescripciones que atentan a la seguridad jurídica y causan indefensión a los ciudadanos”, ha dicho.
“Además, la norma es adoctrinadora y va más allá de la regulación estrictamente educativa. Dice expresamente que 'se deben dar pasos más allá de las aulas y ayudar a los alumnos a construirse una identidad'. Es decir, inculcar una manera determinada de entender y comprender la lengua, en la línea de Compromís, y eso es adoctrinamiento. Se está calcando la hoja de ruta que viene siguiendo desde hace años el independentismo catalán”, ha advertido la diputada del PP.
“Coacción a las familias”
Gascó también considera que el decreto “es un chantaje a las familias, una coacción y una extorsión porque da más inglés a cambio de más horas en valenciano” y, por tanto, “si se quiere aprender inglés hay que pasar por el arco de Compromís”.
“El proyecto de decreto establece que se dará de forma automática la certificación en idiomas a los de valenciano. Es un chantaje que condiciona a las familias. Incluso suprime la enseñanza en inglés en infantil desde los tres años, eliminando el avance conseguido en los últimos años, un retroceso sin ninguna evaluación que lo justifique”, ha alertado.
Básicos y avanzados
Así, considera que la norma “aboca a las zonas castellanohablantes a tener peor formación y no garantiza la igualdad real, pues a unos los considera básicos y a los de valenciano avanzados”, una discriminación que “no se puede consentir en una sociedad democrática y libre”. Ha lamentado, en este sentido, que “se usa la legislación educativa como herramienta política haciendo ingeniería social”.
Beatriz Gascó también ha indicado que la norma “generará graves problemas de planificación al establecer seis niveles diferentes sin garantizar la libre demanda de las familias” y ha asegurado que “no resulta equitativo que un alumno por ir a una clase tenga más derechos y oportunidades que otro que está matriculado en la clase de al lado: es una injusticia y un sin sentido”.
Para la diputada del grupo popular “es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales en nuestro territorio” porque el valenciano y el inglés “se pueden potenciar pero sin necesidad de penalizar el castellano”.