Una nueva operación policial, en este caso en el Ayuntamiento de Sagunto, golpea la línea de flotación del PP valenciano. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía Nacional están registrando desde esta mañana dependencias municipales en el ayuntamiento de la citada localidad valenciana y en otros dos edificios administrativos (el conocido como edificio Bancaja en el nucleo histórico y la tenencia de alcaldía en el Puerto de Sagunto) en busca de facturas correspondientes al periodo 2008-2014. En esos años el alcalde de la ciudad era el popular Alfredo Castelló, actualmente diputado autonómico.
La denominada 'operación Flotador', ordenada por el juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto, investiga supuestos delitos de cohecho y prevaricación y se inició en agosto de 2015 a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. Se estudia el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas de 2007-2011 y 2011-2014, periodos en los que fue alcalde Castelló, tal y como informan desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juzgado investiga al exalcalde y a once concejales y exconcejales del PP y a seis empresas (personas jurídicas) beneficiarias de las adjudicaciones presuntamente irregulares. Las pesquisas, que se han declarado secretas, se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Se investiga también si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.
Los investigadores han pedido documentación en las áreas de secretaría general, patrimonio y contratación, urbanismo, actividades, medio ambiente, así como en la sociedad Aigües de Sagunt y en las sedes de otras cuatro empresas.
Alfredo Castelló, que es presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano, aseguraba estar “muy tranquilo” y desconocer tanto lo que se busca, “según nos han dicho podrían ser facturas de Aguas de Valencia”, como los supuestos delitos que se podrían haber cometido. “No tengo ni idea y estoy absolutamente tranquilo, ya que no tenemos nada que esconder”, sentenciaba el diputado popular, quien recordaba que no tienen ningún pleito de ningún tipo de su época al frente del consistorio.