“Los premios taurinos no forman parte del acuerdo de Gobierno del Botánico ni de nuestra cultura política”

Este lunes, la dirección general para la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de Presidencia de la Generalitat, publicaba una resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) con los galardonados en los segundos premios taurinos 'Va de Bous', instaurados por el Partido Popular de Alberto Fabra a final de la legislatura pasada en plena guerra por las señas de identidad. Los premiados son la entrada de toros y caballos de Segorbe, el ganadero Vicente Peris Maximino y el periodista especializado José Luis Benlloch Rausell.

Esta decisión no ha sido bien acogida por Compromís, socio de Gobierno del PSPV en el Consell del Botànic. La diputada valencianista Mireia Mollà ha mostrado su discrepancia a través de las redes sociales y ha calificado la recuperación de los premios taurinos de “hechos consumados que NO nos representan”. “No forma parte del acuerdo de gobierno ni de nuestra cultura política”, ha escrito Mollà, quien ha pedido explicaciones a los socialistas por la toma de decisiones “en solitario”.

Los 'bous al carrer' protagonizaron la polémica tanto al final de la pasada legislatura, cuando el PP utilizó los toros -y la lengua- como arma política contra la izquierda valenciana con la creación de la controvertida ley de señas de identidad o la puesta en marcha de estos premios taurinos, como el principio del actual mandato. Diversos ayuntamientos decidieron someter a consulta ciudadana e incluso prohibir este tipo de actos, incluido Valencia, donde el gobierno municipal de Joan Ribó aprobó la prohibición del 'bou embolat' y el 'bou amb corda'.

Los toros han provocado en la última década más de una treintena de muertes -más de 6.500 han tenido que recibir atención médica en este mismo periodo- en las calles de los pueblos valencianos, donde anualmente se celebran alrededor de 8.000 festejos.

Ahora, relacionado también con los festejos taurinos, las Corts deben deben debatir la obligatoriedad de la presencia de un segundo médico en los 'bous al carrer', una medida que se ha encontrado con el rechazo del Partido Popular y de diversos ayuntamientos, principalmente del norte de la provincia de Valencia y de la provincia de Castellón. Algunos de estos consistorios que se oponen a la medida están también gobernados por el PSPV, e incluso Compromís. Estos municipios consideran que esta obligatoriedad va en contra de estos festejos, debido a que los encarece.