El PSOE se compromete a impulsar un modelo de financiación autonómica que sufrague el coste real de los servicios públicos para evitar agravios entre ciudadanos y territorios. El debate de la financiación autonómica, uno de los más complejos que afronta el partido por las diferencias de criterio entre sus líderes territoriales, ha concluido con un texto acordado por unanimidad en el que se reconoce que el conjunto de comunidades autónomas están infrafinanciadas. Es decir, que con el sistema vigente, las arcas autonómicas no pueden asumir el coste del ejercicio de sus competencias constitucionales.
El PSOE se compromete a reformar el modelo “cuanto antes”, en palabras de dirigentes socialistas y reconoce que deben atender “todas las sensibilidades” de las comunidades autónomas en el nuevo sistema. El texto acordado recoge algunos de los planteamientos valencianos, aunque fuentes consultadas apuntan que no ha habido debate, sino que se ha “subsumido” la propuesta para para evitar confrontación entre barones territoriales. Para los dirigentes valencianos, principales interesados en plantear la propuesta, al ser la comunidad peor financiada, que se asuma un planteamiento de mínimos es una victoria.
El texto señala que “el resultado debe ser un sistema que aporte los recursos suficientes para garantizar a la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia, un nivel equivalente de servicios públicos”. Aunque no se introduce el término población ajustada, demanda de los territorios infrafinanciados, se sustituye por “ciudadanía” e indica que se debe asumir el “coste real de la prestación de los servicios”, unos conceptos lo bastante ambiguos como para contentar a las partes enfrentadas.
El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, impulsor de la enmienda, ha defendido lo fundamental es que la reforma se base en la “confianza federal” y en la “empatía con el espacio más próximo o lejano”. “No se trata de un sistema de perdedores y ganadores ni de confrontación: España tiene que coserse bien”, ha reivindicado.
La enmienda acordada supone instar al Gobierno a aportar más fondos a las comunidades autónomas en su conjunto, con independencia del peso que cada una tenga en el Estado. Tampoco se incorporan los conceptos de deuda histórica, ni compensación a los territorios, pero sí se señala que “el actual sistema de financiación autonómica condena a algunos territorios a una situación de infrafinanciación que les obliga a destinar un porcentaje muy elevado de sus recursos a los servicios fundamentales, quedándose sin margen para implementar políticas de desarrollo regional que puedan ser palanca de recuperación en su territorio”. Hasta la fecha, las autonomías lastradas por el sistema que caducó en 2014, deben recurrir a mecanismos de financiación como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que incrementa su deuda.