El PSOE ha pedido cuentas al Gobierno porque sospecha que el Ejecutivo demoró hasta después de las elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de mayo la detención del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, quien fue arrestado el pasado viernes, cuando aún ocupaba el cargo, por un presunto caso de corrupción.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional procedió a su detención en el marco de una investigación sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicaron contratos para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, cuando Castellano ocupaba el cargo de conseller de Gobernación.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, sostiene que el Gobierno “esperó a desatar la operación” contra Castellano una vez que se habían celebrado las elecciones del pasado 24 de mayo, pese a que “ya conocía desde bastante antes los cargos y pruebas que existían contra el investigado”.
“Demoró intencionadamente su puesta a disposición de la juez titular del juzgado que lleva el caso”, asegura Trevín en la pregunta que ha registrado en el Congreso para que el Ejecutivo le dé una respuesta por escrito.
Tras recordar que el cuando Ejecutivo nombró a Castellano delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya recaían sobre él “sospechas de estar incurso en graves delitos”, el diputado, pregunta al Gobierno si considera “conforme con las obligaciones que la legalidad vigente impone en la investigación de delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, demorar o adelantar las actuaciones según la exclusiva conveniencia de los intereses del Gobierno”.