El puerto deportivo privado de Altea Marina de Campeones ha sido objeto de deseo de Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat Valenciana hoy investigado en la operación Erial por presunto cobro de comisiones. Su amor lo delataban tanto sus conocidos paseos en yate con destacadas personalidades en esta zona, como el patrimonio que, según los investigadores, tendría allí: dos barcos amarrados y dos pisos a la entrada del mismo puerto, todos ellos incluidos en las propiedades que la juez mandó requisar vinculadas a Zaplana.
El pasado mes de mayo agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en el puerto para requisar dos yates, el Loix (16,3 metros) y el Ubi Bene (22,2 metros), los cuales cree que son propiedad de Zaplana pero que están a nombre de dos testaferros. La jueza también ordenó intervenir dos pisos a la entrada del mismo puerto, en el residencial Villa Puerto Beach, desde donde se disponen de vistas directas sobre el mar y el puerto en primera fila.
Pero el deseo de Eduardo Zaplana no se quedó en el disfrute de las instalaciones, también intentó comprarlas. El Marina Greenwich en realidad fue un proyecto que llegó a ocasionar problemas a su propietario Robert Edgard Bataouche Pérez, que no podía pagar el crédito que le dio el Banco Sabadell para comprar el puerto. Así, según explica El Confidencial, Zaplana se interesó por su compra que en un principio fue fijada en 1,8 millones por el propio banco, cifra del gusto del expresidente por lo que habría llegado a depositar esta cantidad en dicho banco proveniente de una cuenta de Suiza, aunque sin aparecer en ningún momento su nombre. Finalmente, la operación no fructificó porque el Banco Sabadell en el último momento incrementó considerablemente el precio y Zaplana rechazó la compra, devolviendo el dinero a su origen.
No obstante al empresario francés al final tampoco ha tenido demasiados problemas económicos ya que la Generalitat Valenciana ha tenido que indemnizar con un millon de euros a Bataouche por no haber podido ampliar sus instalaciones por motivos medioambientales. El empresario consiguió la concesión en 2004, con un expediente tramitado fundamentalmente en tiempos de Zaplana (fue presidente de la Generalitat hasta 2002), pero finalmente se frustró la ampliación con una paralización de obras en 2010 ordenadas por el TSJCV y confirmadas por el Supremo en 2013.
Con todo, el empresario reclamó una indemnización de 500.000 euros que le concedió la entonces consellera de Infraestructuras y hoy líder del PP valenciano, Isabel Bonig, cuatro días antes de elecciones, el 21 de mayo de 2015. No obstante a Bataouche no le pareció suficiente y recurrió ante el Supremo para conseguir la indemnización de un millón de euros que finalmente se le fue concedida.