Poco después de las 10 horas, el presidente de la comisión de investigación parlamentaria sobre la adjudicación de las 9.000 plazas en residencias, el socialista Ignacio Subías, conectaba por videoconferencia con el centro penitenciario de Picassent, desde donde ha comparecido este lunes el exconseller de Bienestar Social (2001-2003), Rafael Blasco, impulsor del conocido como 'modelo Cotino'.
Blasco, que cumple condena por desviar fondos destinados a Cooperación en países del tercer mundo, ha comenzado su intervención desmintiendo una información publicada el pasado fin de semana por el diario Levante en la que se aseguraba que tanto el exconseller como otro de los condenados en el 'caso Blasco', el empresario Augusto César Tauroni, disponían ilegalmente de móvil en prisión y habían realizado transferencias desde el centro penitenciario. “Ayer se calentó mi comparecencia con informaciones maliciosas y falsas”, ha dicho el exconseller, quien ha insistido en que no ha tenido ningún teléfono móvil ni es auxiliar de biblioteca en Picassent. “Soy un preso como cualquier otro, y si esas informaciones fueran ciertas, hoy estaría en una celda de aislamiento, no aquí”.
En cuanto a las preguntas de los miembros de la comisión, Rafael Blasco ha defendido el 'modelo Cotino': “Es ideal e incontestable, y obtuvo un amplio consejo social y económico que sirvió para solucionar un déficit vergonzoso heredado”. También ha dado la cara por el procedimiento, que ha asegurado se realizó con “absoluta transparencia y un amplio consenso al que se presentaron una veintena de empresas de las que ninguna presentó recurso a las adjudicaciones”.
Pese a haber sido reiteradamente cuestionado por las supuestas irregularidades, con especial vehemencia por las diputadas de PSPV y Compromís Concha Andrés y Mònica Àlvaro, Rafael Blasco ha insistido en que no hubo ningún trato de favor hacia ninguna empresa, de igual modo que ha asegurado que tampoco recibió nunca ningún obsequio ni contraprestación, ni material ni económica, por parte de nadie. De igual modo, ha apuntado que no conoce a Ramón Cerdà -“experto en crear empresas para luego venderlas”, en palabras del diputado de Ciudadanos David de Miguel- y que apenas conoce a Juan Ramón Ferris (Crespinell), “lo conocí cuando fui interventor en el ayuntamiento de Algemesí y él era concejal, pero ni me reuní con él y hace quince años al menos que no sé nada de él”.
El exconseller, que se ha ofrecido a colaborar con la comisión de investigación siempre que se le solicite y siempre y cuando disponga de la documentación y las preguntas que se le quieren realizar, también ha asegurado que no le consta que se haya producido ninguna financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana a través de determinadas empresas.
El llamado 'modelo Cotino' es un sistema que benefició a centros propiedad de empresas de la familia del expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, como es el caso de Savia, y otras mercantiles, entre las que se encuentran algunas del empresario Enrique Ortiz, imputado en Brugal y que ha reconocido haber financiado al Partido Popular.