El presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, ha emitido un comunicado para responder a las informaciones que se vienen haciendo públicas en los últimos días relacionadas con las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la institución provincial, y más concretamente, en la empresa pública Imelsa a raíz de las denuncias de Esquerra Unida.
La Diputación aprobó la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades y esclarecer los hechos, al tiempo que denunciaron los hechos ante Fiscalía, lo que provocó la imputación del exhombre fuerte de Rus y exgerente de Imelsa Marcos Benavent. Precisamente, ahora se ha conocido también que Benavent grabó durante años a sus compañeros de partido, unos audios de contenido comprometido.
Alfonso Rus manifiesta su interés en ser llamado “de forma inmediata” por la autoridad judicial, para que se le dé la opción de desmentir ante el juez competente, “los exorbitantes y falsos hechos que se le vienen atribuyendo, difundidos con el designio de generar perjuicios políticos injustos, tanto al comunicante como al partido político al que pertenece, en el momento más idóneo para dañar la imagen, es decir, en plena precampaña electoral”.
Además, el presidente de la Diputación se reserva de ejercicio de acciones penales y civiles contra quienes hubieren presuntamente impulsado la que considera una campaña difamatoria instrumental en su contra, así como expresa su intención de convocar, con carácter extraordinario y urgente, sesión de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, proponiéndole la adopción de diversos acuerdos.
Entre otros, ofrecer a la autoridad judicial o a cualesquiera funcionarios que por ella se designen, “el libre y absoluto acceso a cualquiera de las oficinas, negociados o archivos de la Diputación Provincial de Valencia o de cualquiera de sus empresas públicas, ofreciendo la colaboración activa de los funcionarios encargados de cada negociado, para que el juez acceda de forma inmediata al contenido de cuanto entienda necesario comprobar o investigar, sin necesidad de autorización previa o formalidad alguna”.
Por último, se compromete a impulsar y apremiar la Comisión Informativa creada, por acuerdo plenario de 21 de abril de 2015, para que se realice la investigación interna encomendada “y rinda sus conclusiones, para su inmediata publicación”.