La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, acude a la capital valenciana en una semana clave para el Gobierno del Pacto del Botánico y sus réplicas municipales. En un contexto en el que las encuestas vaticinan un resultado ajustado en las Corts Valencianes y el Ayuntamiento de València entre los bloques de izquierda y derecha, la presencia de Díaz supone un empujón para las fuerzas políticas con las que comparte espacio y un apoyo al alcalde Joan Ribó.
La posición de la dirigente en la campaña de las municipales y autonómicas es compleja. Simpatiza con formaciones como Compromís, que la apoyaron desde que decidió lanzar la plataforma política y que compiten con Unidas Podemos, pero estos últimos le reclaman la atención en exclusiva en los terrenos de disputa como el valenciano. Díaz acompañó en Alicante este miércoles a Héctor Illueca, candidato a la Generalitat Valenciana por Unides Podem-Esquerra Unida, y este jueves participará en un acto con Joan Ribó, alcalde de València y candidato por Compromís, al que también asistirá Pilar Lima, candidata de Unides Podem a la misma alcaldía, aunque su partido no tiene representación municipal.
El equipo de Díaz trató de apaciguar el conflicto con los dirigentes de la formación morada a través de actos pequeños en municipios con candidatos de Podemos y de otros aliados de Sumar, compartiendo el espacio para “ayudar a las formaciones progresistas a consolidar gobiernos que han servido para recuperar derechos de la ciudadanía e impulsar candidaturas de confluencia que puedan hacerlo en un futuro próximo”.
En este marco, en la capital valenciana la dirigente ha decidido participar en un acto organizado por la Comissió Ciutat Port, la plataforma ciudadana que capitanea los recursos contra la ampliación norte del Puerto de València. La entidad ofreció a la vicepresidenta del Gobierno una invitación para trasladarle “el alcance del proyecto de ampliación norte y su grave lesividad para el medio ambiente y la salud de la ciudadanía valenciana”, que se ha abierto a otros representantes municipales.
La vicepresidenta escoge un tema que Compromís ha mantenido en su agenda política en la última legislatura con especial vehemencia y en el que Unides Podem también se siente cómodo, pese a compartir gobierno con el PSOE. El ministerio que debe autorizar o no la obra, estimada en 500 millones de euros, compete a la rama socialista del Gobierno central.
Los valencianistas se han opuesto con ímpetu a la macroinfraestructura, reclamando un informe de impacto ambiental actualizado y acorde al nuevo proyecto -el existente data de 2007 y no contempla el proyecto actual-. Lo han hecho a través del Ayuntamiento de València, que tiene representación en el Consejo de Administración, desde la Conselleria de Transición Ecológica, que presentó alegaciones al proyecto y defendió su posición en el Parlamento Europeo, además de a través de mociones y proposiciones no de ley en las Corts Valencianes, el Congreso y el Senado, proposiciones que los representantes de Unides Podem han apoyado.
Este ha sido uno de los temas que ha diferenciado a las formaciones a la izquierda del PSPV-PSOE, que ha optado por un perfil bajo en el conflicto entre el puerto y la ciudad. Tratando de apaciguar las aguas y transitar hacia una solución más amable, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destituyó hace varias semanas al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y situó en su lugar a una persona de confianza: Joan Calabuig, hasta la fecha director general en Presidencia. La entidad depende de Puertos del Estado pero la elección de la presidencia compete a la Generalitat Valenciana.
El empujón de Díaz a Ribó puede ser clave en la campaña. Simboliza también la presencia en el mismo acto de formaciones que concurren separadas pero que tendrán que gobernar juntas. Si bien en el Ayuntamiento de València se ha gobernado por la izquierda sin la presencia de Unides Podem-Esquerra Unida, en las Corts Valencianes se estima que si la coalición de Héctor Illueca no consigue superar el umbral del 5% y entrar en el Parlamento autonómico se perderá la mayoría de izquierdas, que depende de dos diputados. Actualmente la coalición cuenta con ocho representantes de los 99 de la cámara -la mayoría absoluta está en 50 asientos- al haber obtenido el 8,1% de los apoyos electorales; las encuestas arrojan una estimación de que obtendrán el 6,7%, que los dejaría en cinco escaños.