El PP cita a declarar en el Senado a Alberto Gomar, exgerente de la empresa Crespo Gomar, en la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos. Los populares han acordado este miércoles llamar al responsable de la empresa investigada por una trama con el mismo funcionamiento que la Gürtel en el PSPV-PSOE y en El Bloc, uno de los partidos de la coalición Compromís.
Gomar tendrá que acudir a la Cámara Alta el próximo 7 de junio junto a la periodista Marisa Gallero; el exdirector de Relaciones Institucionales de Acuamed de 2006 a 2008, Joan Navarro Martínez y su homólogo entre 1991 y 1996, Adrián Baltanás García, así como a José Antonio Medina San Juan, expresidente de Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). Así, quedará una comisión monográfica sobre los contratos de esta empresa con el ministerio de Medio Ambiente bajo gobiernos socialistas y sobre la campaña de las desaladoras.
Crespo Gomar fue adjudicataria de los contratos de servicios de comunicación de la plantas desalinizadoras de Dénia y Torrevieja convocados en 2007, adjudicados a por la empresa Acuamed por 205.000 euros en el caso de Dénia y a Publicaciones Miracasa SL (relacionada con Crespo Gomar SL), por 200.000 euros.
Según recoge el auto judicial, las empresas del mismo grupo omitieron dicha circunstancia (pese a estar obligadas a ello), “con una clara limitación del principio de concurrencia pública”. Es decir, que el concurso fue un paripé. Según el auto del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, se presentaron también L y C Estudio Fotográfico SL, empresa vinculada y Publicaciones Miracasa, ambas con Gomar como administrador. En el caso de Miracasa se relacionaba con la firma Media Mira Group SL, que tenía como administradora única a Gomar Comunicación SL, también del mismo investigado.
Según el informe de Intervención del Estado, además de estos contratos que, según la ley, podían esquivar el carácter público pero no los requisitos de publicidad y concurrencia, a los dos meses se tramitaron otros dos contratos de 60.000 euros. La Intervención entiende por tanto que se trata de un fraccionamiento de contratos. “Se observa un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, dado que ambos servicios debieron ser licitados conjuntamente al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizadoras”.
La decisión del PP en el Senado coincide con la votación en las Corts valencianas sobre la creación de una comisión de investigación sobre los lazos de esta empresa con los partidos políticos en la campaña de 2007 y 2008.