La defensa de la cúpula del PP de Francisco Camps, que declarará el próximo miércoles en la Audiencia Nacional en la quinta sesión del juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, intentará minimizar su participación en la presunta financiación de los populares en las campañas electorales de 2007 y 2008. Parte de los argumentos de defensa irán encaminados a demostrar que en los procesos por los que se les juzga no tenían poder de decisión o capacidad de influencia real.
El pacto de los empresarios con la fiscal y la confirmación de los cabecillas de la trama de que el tráfico de dinero B, en efecto, se produjo, deja en una situación muy difícil a las defensas de Ricardo Costa -exsecretario general del PPCV-, Vicente Rambla -coodinador de campaña y exvicepresidente-, David Serra -exvicesetrario del PPCV-, Yolanda García -extersorera del PPCV- y Cristina Ibáñez -exgerente del PPCV-.
Fuentes jurídicas aseguran que las confesiones les han obligado a cambiar la estrategia de defensa -de negarlo todo en instrucción se pasó a pedir la prescripción de los delitos en las cuestiones previas de la vista oral- y que en estos momentos se baraja el reconocimiento de algunos hechos apuntando hacia arriba en la cadena de mando.
Las mismas fuentes argumentan que dirigir la responsabilidad del entramado para financiar de manera irregular al PP contra Francisco Camps no supondrá problemas penales para el expresidente -los delitos de falsedad y financiación ilegal estarían prescritos para el expresidente- y seguramente tampoco mejoras para los acusados de cara a la fiscal. Tal vez sí en lo que se refiere al juez, que es el importante y el que debe fijar la sentencia. Para lo que sí que servirá a la antigua cúpula del PP valenciano es para mejorar su imagen pública, porque todo el mundo en sectores sociales conservadores los señala como cabecillas de una red corrupta organizada, apuntan. La vida seguirá después del fallo y del cumplimiento de las penas y quieren ir con la cabeza alta por la ciudad.
Fuentes del entorno de algunos de los acusados aseguran que el pacto de la fiscal con los empresarios y Francisco Correa ha sido “un mercadeo” y hubiera provocado incluso que les acusaran “de la muerte de Manolete”. Aun así, insisten en mantener su integridad. “Hay que explicarle a la gente que en esta causa no nos juzgan por llevarnos dinero. Esto es otra cosa”, apuntan las mismas fuentes.
Quien saldrá ileso seguro de las posibles declaraciones en contra de la cúpula de Camps es el PP de Génova. Al contrario de lo que ha pasado con Álvaro Pérez el Bigotes, en prisión, tanto Ricardo Costa como David Serra serán muy prudentes en sus acusaciones puesto que mantienen despachos de abogado abiertos y no se pueden inmolar atacando directamente a Mariano Rajoy o al partido. Otra cosa es dirigir su defensa contra Francisco Camps, quien ya está amortizado y sin ningún poder de influencia en sectores políticos y económicos valencianos. Mucho menos en el resto de España.
Tampoco parece, asumen fuentes jurídicas, que las acusaciones de la cúpula de Camps puedan ir contra el exdirector general de la policía con José María Aznar y expresidente de las Corts, Juan Cotino, a quien el Bigotes señaló como el recaudador. Cotino sí que podría tener problemas penales en caso de que en el juicio de esta pieza de Gürtel fuera señalado, puesto que está imputado en la pieza separada de la visita del Papa que está en instrucción y se convertirá en el nuevo vía crucis mediático del PP valenciano. Camps no, nunca estuvo investigado en este macroproceso y salió absuelto por un jurado en la causa de los trajes.
“La fiesta”, a la que hicieron referencia Ricardo Costa y el exvicesecretario del PP Esteban González Pons cuando saltó el escándalo en 2009, continúa este miércoles en la Audiencia Nacional. Esta vez, en su sede de la calle Génova.