“Nuestra estrategia será que cuando apuntemos a un asunto por cuestiones jurídicas tengamos todas las garantías de que prospere y derive en responsabilidades políticas o públicas”.
Así se pronunció este miércoles la portavoz del grupo municipal del PP en València, María José Catalá, en referencia a la forma de proceder del partido a la hora de judicializar la acción del Gobierno de izquierdas que conforman Compromís y PSPV.
Catalá comentó que van a darle “una vuelta a todos los procesos que hay pendientes y que derivan de la pasada legislatura”, así como “al posicionamiento del grupo en este tipo de procesos”, al tiempo que comentó que “es a la Fiscalía es a quien compete perseguir cualquier delito contra la hacienda pública”.
La portavoz popular insistió en que van a ir “caso a caso” y van a valorar “la entidad jurídica de lo que pensamos que supone una ilegalidad o una infracción administrativa”.
De esta forma, explicó que “hay personas con perfil jurídico en el grupo y en concreto una persona volcada en el análisis de los casos será María José Ferrer San Segundo que será quien llevará el área de cuestiones jurídicas y quien discrimine con acierto aquellas cuestiones que abordemos judicialmente; nuestra nueva organización trabajará de forma coordinada”.
La dirigente pretende así controlar la actividad del asesor popular, Luis Salom, recientemente reafirmado en su cargo e imputado por presunto blanqueo en el caso Taula, quien en el pasado mandato presentó una quincena de denuncias contra diferentes cargos de Compromís, el PSPV y València en Comú.
Todas ellas han estado relacionadas con asuntos administrativos o con supuestos fraccionamientos de contratos y, hasta ahora, han acabado archivadas o desestimadas (y recurridas para alargar el proceso) tras la declaración de los denunciados en el juzgado. Con ello, Salom ha logrado poco más que efímeros titulares del tipo “Investigado el concejal...” o “Imputado el alcalde...”.
En el caso de la concejala Anaïs Menguzzato (PSPV), denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, ni siquiera llegó a admitirse a trámite.
Algunas de las causas siguen aún abiertas, pero con pocas opciones de acabar en juicio teniendo en cuenta el camino que han seguido el resto de asuntos.
Es el caso del presunto fraccionamiento de contratos por el que recientemente declaró como imputado el portavoz de Compromís, Pere Fuset, o el de una supuesta adjudicación a dedo de un estudio educativo por el que está imputada María Oliver, exportavoz municipal de València en Comú y ahora asesora del vicepresidente segundo del Consell por Unidas Podem, Rubén Martínez Dalmau.
En el caso de Fuset, el abogado del PP ni siquiera se presentó como acusación popular en su declaración, pese a ser Salom el autor de la denuncia, un trámite que le hubiera costado al partido 2.000 euros de fianza.
Al respecto, Catalá achacó este hecho a que la declaración judicial coincidió con todo el proceso organizativo del partido y advirtió que pueden presentarse en cualquier momento del proceso, aunque reconoció que aún no tienen una decisión tomada al respecto.