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El Parlamento Europeo aprobó este miércoles por una amplia mayoría la revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T). Un texto que se ha venido negociando en los últimos dos años para generar el máximo consenso posible y que viene a consolidar y a potenciar tanto la gestión de los diferentes corredores como su financiación, entre ellos, el Corredor Mediterráneo y el Atlántico.
El reglamento prevé una financiación de 25.807 millones de euros para proyectos de transportes a ejecutar antes del año 2030 y su aprobación viene a sustituir el documento del año 2013, menos desarrollado en cuanto a proyectos y financiación. Su aprobación se produjo con 565 votos a favor y 37 en contra. Llama la atención que la mayoría de ellos, en concreto 14, son de los eurodiputados del PP español, un hecho insólito teniendo en cuenta que se trata de un partido de marcado carácter europeísta y que la mayoría de sus colegas, los populares europeos, sí que respaldaron el reglamento. De esta manera se alinearon con la extrema derecha aglutinada en el grupo parlamentario ECR, con 7 votos en contra y con la izquierda del grupo The Left, en la que se integra Podemos, con 11 votos en contra.
Pero bajando al terreno de lo concreto, ¿a qué proyectos se han opuesto los eurodiputados españoles del PP que han votado contra el reglamento?. Básicamente, contra la inclusión de conexiones de puertos, aeropuertos y terminales logísticas al Corredor Mediterráneo. Los proyectos considerados como red básica son de prioridad principal y los de la red global de prioridad secundaria. En ambos casos pueden optar a fondos europeos para su financiación. En el caso de la Comunitat Valenciana, este nuevo reglamento incluye las siguientes actuaciones en estas dos categorías: la conexión del Puerto de Castellón; la estación intermodal de la Font de Sant Lluis de València; la terminal intermodal de Sagunto y la conexión de su Puerto; el tramo Alicante-San Isidro que incluye la conexión con el aeropuerto de L'Altet; el tramo La Encina-Alicante y su conexión con el Puerto de Alicante; y el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, con aumento de gálibos de los túneles para proceder a su electrificación.
Fuera de la Comunitat Valenciana también hay importantes proyectos cuya categoría se ha elevado a red básica y red global, y que por tanto podrán obtener financiación europea: el tramo Murcia-Alcantarilla-Chinchilla de Murcia; el nodo urbano de Cartagena; la terminal de Sevilla; los nodos urbanos de Algeciras, Almería, Córdoba, Granada y Marbella; el tramo Zaragoza-Tardienta-Lleida-Reus-Roda; los nodos urbanos de Girona y Lleida; y el Puerto de L'Alcúdia de Mallorca, que pasa a ser de interés global.
El acuerdo se cerró durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea y contribuirá “a una mejora de la conectividad entre territorios y personas, haciéndola más sostenible y de más calidad, y promoviendo el crecimiento y el empleo en toda Europa”, ha destacado la eurodiputada Isabel García Muñoz, responsable de la negociación de este informe por parte del grupo socialista en la Eurocámara.
Según los socialistas europeos, el PP español también ha votado en contra de conectar los grandes aeropuertos con el ferrocarril, establecer planes de movilidad urbana sostenible, promover el transporte público, y mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de los conductores profesionales mediante la construcción de aparcamientos seguros a lo largo de la RTE-T.
Fuentes del Partido Popular han explicado que sus eurodiputados han votado “en contra del acuerdo alcanzado por la Presidencia española en diciembre de 2023 sobre la revisión de los mapas de la Red Transeuropea de Transporte”.
En la posición del Parlamento previa a la negociación con el Consejo, la delegación española del PP había conseguido introducir 25 enmiendas sobre infraestructuras de transporte esenciales para la vertebración del territorio español. Sin embargo, “la mayoría de estas inclusiones no ha quedado incorporada en el acuerdo final; por eso, el PP ha votado en contra, como ya hizo el representante del PP en la Comisión de Transporte y Turismo, Pablo Arias”.
Fuentes consultadas por elDiario.es han explicado al respecto que muchas de esas enmiendas no se han aprobado sencillamente porque no han cumplido unos criterios objetivos que se imponen para que determinadas infraestructuras como puertos o aeropuertos puedan obtener financiación para integrarse en la Red Transeuropea de Transporte. Por ejemplo, para que un puerto pueda considerarse red básica tiene que aglutinar al menos el 1% del volumen de mercancías de toda la Unión Europea y para considerarse red global, el 1 por 1.000.