Prevención de la tortura: necesita mejorar

España ha avanzado lo que no está escrito en la erradicación de la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Orden Público. No era complicado, puesto que se venía, directamente, de las penumbras y la ausencia total de cualquier tipo de garantía.

Valga como ejemplo que una de las primeras decisiones del gobernador civil de Gipuzkoa, Juan María Jáuregui, fue clausurar los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Donosti. Hablamos de instalaciones, pero más importante es hablar de personas.

En los últimos diez años, Amnistía Internacional ha recopilado 6.621 denuncias de torturas y malos tratos policiales. Veracidad y consigna pueden llegar a coexistir y es preciso analizar caso por caso. La gravedad de las acusaciones lo merece. El escaso número de condenas (752) contrasta con la elevada cifra de denuncias. Sin embargo, las sucesivas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar suficientemente estos casos encienden las luces de alarma.

La sombra de la sospecha, justificada, que ha planeado sobre España en el respeto de los Derechos Humanos supuso el retraso de su homologación democrática en el orden comunitario e internacional. Economía y geoestrategia hicieron más por ella que los certificados de buena conducta.

Pero considero que vale la pena incidir en un aspecto que va más allá de las instituciones enmoquetadas. La comprensión de la tortura y el terrorismo anidan, desgraciadamente, en demasiados frentes de nuestra población. Son más que minorías marginales. Una concepción inmoral y cainita de la sociedad entra en simbiosis con las más repugnantes prácticas de la violencia, en sentido amplio (tortura, terrorismo, etc.).

Se trata de un asunto capital de cultura política, ese indicador de la madurez de las sociedades que Gabriel Almond y Sidney Verba fueron los primeros en medir a partir de variables de participación política y actitudes democráticas. Una cultura cívica tolerante con la tortura y el terrorismo cotiza a la baja en cualquier baremo democrático.

¿Qué se puede esperar de unas instituciones que siguieron contando con los servicios de Billy El Niño o nombraron a Josu Ternera presidente de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento vasco?

Vemos estos esputos antidemocráticos todos los días en las redes sociales, pero solo constituyen la manifestación superficial de un tumor societario. Sí, en muchos hogares que conocemos, se justifica y espolea acríticamente la tortura.

Una sociedad tolerante con cualquier tipo de malos tratos no es digna de ser considerada democrática. Por eso, nos seguirán coloreando la cara desde Europa por malas prácticas, si no somos capaces de defender al adversario del ensañamiento.

La mala sangre se retroalimenta en las sórdidas ciénagas de la tortura, de la misma manera que ETA y GAL reclutaban inversamente simpatías para sus espirales antagónicas del terror.

Cuanto antes nos demos cuenta, menos argumentos dejaremos en manos de los enemigos de la democracia.