La Generalitat Valenciana progresista fue estructurada en gran parte este sábado cuando se anunciaron la distribución de áreas entre PSPV y Compromís: a la ya conocida presidencia de Ximo Puig se designaba a Mónica Oltra como vicepresidenta y portavoz, además se repartían 4 consellerías para el PSPV (Presidencia; Hacienda, Modelo Económico y Administración Pública; Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas; y Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio) y otras 4 para Compromís (Igualdad y Política Inclusiva; Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación; Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo; y Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural).
Pero quedan en el aire dos de las principales áreas, las de más calado inversor y las más sometidas a conciertos y privatizaciones por el PP durante sus 20 años de gobierno: Sanidad y Educación. Estas dos áreas no tienen todavía responsable definido, y PSPV y Compromís seguramente las otorgarán a gestores independientes, gestores que se decidirán más adelante escuchando a otras formaciones políticas.
Uno de los temas de Sanidad que está sobre la mesa es el conocido como 'Modelo Alzira', el modelo implantado en 1999 por Eduardo Zaplana que suponía el acuerdo con empresas privadas para desarrollar el servicio sanitario, modelo que empezó en el Hospital de la Ribera, en Alzira, y que por ello recibe su nombre. Contra este modelo se han mostrado todos los partidos de la izquierda, llegando a pedir revertir al sistema público toda la sanidad privatizada, modelo que incluso ha sido cuestionado por la justicia.
Contra el modelo privado se ha mostrado el PSPV que anunciaba un rescate y también Compromís reprochaba al PP de haber desviado dinero de sanidad a intereses privados. En frente tenían al PP, defensor del modelo privatizador, quien alertaba sobre la posible reversión que plantea la izquierda, afirmando que podría suponer dejar a 6.000 profesionales “en absoluta indefensión”. Así el PP estuvo tentado el gobierno conservador de blindar este modelo a pocos meses de las elecciones.
Esta tentación de blindaje privado sí se consumó en la Educación, cuando el pasado mes de febrero, a tres meses de las elecciones, la Generalitat del PP blindó la financiación pública de la escuela concertada hasta 2019, una prórroga que se hizo pese a las denuncias de pagos excesivos que hizo Fiscalía. Mientras tanto se denunciaba que la Generalitat Valenciana era el gobierno que más recortes ha hecho en materia de educación pública. Los argumentos del PP, los mismos, afirman que defienden a los trabajadores y afirman que “el plan de la izquierda de acabar con la educación concertada pone en peligro más de 29.000 empleos”.
“Instrumentalización”
Por otro lado en Educación también se vigilan los contenidos. Así una de las prioridades del futuro gobierno valenciano es parar la implantación de la LOMCE, ley contra la que se ha manifestado toda la izquierda valenciana. Además habrá que estudiar proyectos lanzados por el PP como la asignatura de 'ADN valenciano' para formar a los alumnos en costumbres y tradiciones valencianas (pero ni rastro de la lengua propia).
No obstante, pese a estas polémicas leyes sobre contenidos educativos, desde los sectores conservadores se prefiere poner la alerta sobre la gestión de Compromís. Así desde Ciudadanos Carolina Punset ya ha advertido que cuando los “nacionalistas” tienen en su mano las políticas culturales y educativas “las instrumentalizan de manera definitiva para imponer su visión de la jugada, bastante totalitaria y tóxica para la sociedad”.