El PSPV-PSOE ha anunciado acciones judiciales contra la instrucción dictada el pasado 19 de abril por la directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, que modifica la forma de aplicar la normativa para fijar la fecha de efectos de las prestaciones económicas de dependencia. La secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, ha advertido de que “el Consell de Mazón pretende modificar un decreto de forma ilegal a través de una instrucción”. “Una instrucción no puede estar por encima de los derechos que amparan las leyes”, afirma Garrido en referencia al decreto de 2017 que establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas.
La formación critica que el “tijeretazo encubierto” de la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, a las ayudas de dependencia “demuestra que no conoce como funciona el sistema” y recuerda que “el empeoramiento de la situación vital de una persona no puede suponer en ningún caso una perdida de oportunidades a la hora de acceder a una prestación”.
La instrucción, según reveló la Federación de Servicios Públicos de UGT del País Valenciano, implica una reinterpretación de la normativa por la que se regula el sistema de atención a la dependencia, de tal manera que la ciudadanía que está en lista de espera para estas ayudas ve recortado sensiblemente su derecho a percibir los atrasos en caso, muy habitual, de tener que hacer un cambio en la solicitud inicial de la prestación debido al empeoramiento de la persona dependiente.
La secretaria de Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, recuerda que “estas personas pueden sufrir empeoramientos durante el procedimiento, por el tipo de patologías que padecen”. Así, agrega Garrido, “el empeoramiento de la situación vital de una persona no puede suponer en ningún caso una pérdida de oportunidades a la hora de acceder a una prestación”.
“El actual sistema, con todas sus deficiencias, está diseñado para dar respuesta a la persona dependiente y a su familia en todas las etapas y en ningún caso pone por delante los intereses económicos de la administración sobre los de las personas solicitantes”, sostiene María Victoria Garrido.
La dirigente socialista afirma que “no es admisible que la Generalitat busque fórmulas para no pagar a las familias que tanto lo necesitan, que son quienes sufren la lentitud de la administración y que lo único que quieren es recibir ayudas públicas para dar una mayor calidad de vida a la persona afectada”.
El PP niega los recortes
La Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por Susana Camarero, guarda silencio desde que el sindicato UGT hizo pública la instrucción de su departamento.
Por otro lado, la portavoz de Política Social del grupo parlamentario del PP en las Corts Valencianes, Elena Bastidas, aseguró que el Ejecutivo de Mazón “ha destinado ya 68 millones de euros más a la atención a la dependencia este año en comparación con 2023, una cuantía financiada exclusivamente con recursos propios de la Generalitat Valenciana”.
La parlamentara sostiene que la dirección general de Dependencia se ha reunido con los agentes sociales para explicar las novedades respecto a las prestaciones. “No es cierto que haya ni vaya a haber recortes en la atención a la dependencia”, dice Bastidas. “Estamos trabajando para que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan y para dotar a todo el proceso de la seguridad jurídica que requiere”, concluye.