Puerto Mediterráneo ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la resolución de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas que denegó la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del proyecto comercial en Paterna.
Según ha informado el promotor de la ATE del proyecto comercial Puerto Mediterráneo, Intu-Eurofund Valencia, SL, ese recurso se presenta al entender la promotora que la denegación del proyecto comercial por parte de la Generalitat “no es conforme a derecho”.
El pasado 10 de octubre la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio informó de que había asumido las determinaciones de la memoria ambiental y denegaba la realización del proyecto de Puerto Mediterráneo.
Esa memoria negativa de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat se basó en unos accesos insuficientes y en el aumento de la contaminación atmosférica por aumento de desplazamientos en vehículo privado.
El promotor, por su parte, argumenta que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano de 2009 avala la aplicación del II Plan de carreteras en una sentencia que apela a la delimitación recogida en ese plan sobre la zona de protección de las carreteras, de 50 metros para las vías con una intensidad media diaria superior a 5.000 vehículos al día.
Sostiene además que esa sentencia podría ser utilizada como doctrina judicial por Puerto Mediterráneo, y añade que el informe de la Subdirección General de Movilidad en virtud del cual se desestimó la ATE no tuvo en cuenta el vigente II Plan de Carreteras de la Generalitat.
La regulación establece que la CV-35 es una carretera de la red básica con una zona de protección de 50 metros por tener una intensidad media diaria superior a 5.000 vehículos diarios, y “fue aceptado e informado favorablemente de manera previa” por los órganos correspondientes de la Generalitat, según defiende el promotor.
Sin embargo, el informe de Movilidad estableció que la zona de protección de la CV-35 debía de tener una anchura de 100 metros.
El promotor mantiene además en la memoria ambiental que la Confederación Hidrográfica del Júcar había emitido un informe público en el que concluía que Puerto Mediterráneo no incrementaba el riesgo de inundabilidad y garantizaba los recursos hídricos.