Será el 2 de noviembre a las 5 de la tarde y en Madrid. Cuatro meses más tarde, Mariano Rajoy se ha dignado a contestar la petición de encuentro cursada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a principios de julio, nada más tomar posesión.
La cita no será más que una formalidad: para entonces Rajoy ya habrá convocado elecciones -serán el 20 de diciembre-, las Cortes Generales estarán disueltas y la legislatura acabada. Es decir, el presidente del Gobierno tendrá muy poco margen de maniobra para tomar decisiones.
En el Palau de la Generalitat no ocultan su indignación por la tardanza de Rajoy. Puig llamó al líder del PP nada más acceder a su cargo -antes solo descolgó el teléfono para hablar con la presidenta de asociación de las víctimas del metro- para discutir con él con urgencia sobre el 'problema valenciano': la infrafinanciación que ha degenerado en la mayor deuda de España y unos servicios básicos insuficientes.
Rajoy, con su ademán habitual, ni se inmutó. Es más, sin siquiera haber contestado al presidente valenciano, acudió a un mítin del PP en Valencia, lo que soliviantó al PSPV-PSOE y el resto de fuerzas de izquierda comprometidas con el Consell, Compromís y Podemos.
Hace una semana, Puig, tras dos intentos previos sin respuesta, envió una tercera carta a Rajoy. Le conminaba a negociar “desde la lealtad institucional y alejados de cualquier atisbo de victimismo,(...) un nuevo modelo de financiación que cumpla los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre españoles”. Y amenazaba con acudir a los tribunales en caso de ninguneo por parte de Madrid. Casualidad o no, a la tercera va la vencida.