Las críticas poco veladas ya de Alberto Fabra al trato que el gobierno dispensa a la Generalitat, especialmente en materia de financiación autonómica, no parecen tener mucho efecto. El Ministerio de Hacienda insiste en que en 2014, a diferencia del año anterior, todas las comunidades autónomas deben cumplir con el déficit. Eso implica más recortes (o facturas en los cajones) en año preelectoral.
El presidente de la Generalitat, ante sus sombrías previsiones electorales, no quiere pasar por ahí. Ahogado por la quiebra de su administración y hostigado por las encuestas, ha elevado notablemente el tono contra sus correligionarios de Madrid. “Los ciudadanos no están contentos con la relación del gobierno para con la Comunitat Valenciana”, dijo Fabra el jueves.
Luego, aún fue más lejos al denunciar “la falta de sensibilidad del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana” en financiación autonómica. El viernes, la nueva portavoz del Consell, María José Catalá, se pronunció en la misma línea: “Nosotros hemos hecho los esfuerzos que teníamos que hacer, y ahora le toca al Gobierno Central”.
“Necesitamos recursos para poder mantener el grado de calidad en sanidad, educación y servicios sociales”, añadió la consejera de Educación.
Ese dinero, sin embargo, no llegará pronto. El gobierno no empezará hasta el verano a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y, con las transferencias actuales, la Generalitat no es viable: apenas cubre los servicios esenciales.
El enroque de hacienda, que anuncia que será estricto con el déficit, deja poco margen de maniobra a Fabra, aunque éste quiera gastar el dinero que no tiene para animar sus escasas posibilidades de reelección en 2015. Amortizado ya el argumento de la discriminación del gobierno de Zapatero –el PP reconoce para Extremadura la deuda histórica que niega a la Comunitat Valenciana, por ejemplo- el PP podría repetir en menos de un año la debacle electoral de las Europeas