La lentitud del Gobierno valenciano para dar salida a los expedientes para la implantación de plantas fotovoltaicas ha sido en los últimos años uno de los principales caballos de batalla de la ya exconsellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
Su insistencia, que ha sido al parecer uno de los motivos que ha precipitado su destitución por parte de la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Aitana Mas, no se basa en un capricho personal, sino en dos premisas muy claras: los compromisos adquiridos por el Gobierno valenciano en un contexto de emergencia climática de cara al año 2030 y el cierre de la central nuclear de Cofrentes, prevista para ese año.
En este contexto, el objetivo que se marcó la Generalitat Valenciana es lograr alcanzar los 6.000 megavatios de potencia instalada para la red general (no para autoconsumo) en el año 2030. Sin embargo, la Comunitat Valenciana, junto a Catalunya, está a la cola de España con un total de 412 megavatios de energía solar hasta ahora, lo que además supone un aumento de tan solo el 30% con respecto al año 2018, mientras la media española ha crecido un 300% en el mismo periodo, según fuentes de la conselleria.
Así, también desde 2018, Castilla la Mancha ha pasado de 975 megavatios a 3.729 (+382%); Aragón de 169 megavatios a 1.655 (+879%); Murcia de 442 megavatios a 1.356 (+306%); Baleares de 80 megavatios a 202 (+152%); Catalunya de 272 megavatios a 289 (+6,2%); y Andalucía de 882 megavatios a 3.690 (+418%).
Mollà hizo un llamamiento a todo el Gobierno valenciano: “Debemos impulsar la tramitación de plantas de menos de 50 megavatios que tienen cabida en nuestro territorio. No habrá planta autorizada que tenga impactos ambientales, pero hemos hecho un mapeo y puesto recursos humanos para ser facilitadores. El resto de conselleries implicadas (Economía y Política Territorial), que somos tres en total, deben hacer los mismos esfuerzos por la transición energética”.
Una advertencia que no era la primera vez que hacía y que también ha verbalizado en otras ocasiones el propio presidente del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig.
Aunque sin verbalizarlo, una de las personas a las que iba dirigido este mensaje era la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, también de Compromís, que debe autorizar las instalaciones y se ha mostrado hasta ahora reacia a darles el visto bueno cuando superan un 2,5% de la superficie de suelo no urbanizable. Esta limitación, con el último decreto aprobado para el impulso de las renovables, desaparece cuando la comarca en la que se pretende instalar una planta de más superficie se declara Zona Prioritaria Estratégica.
Esto es lo que ha sucedido con el proyeco presentado entre los ayuntamiento de Ayora, Zarra y Jarafuel, que ha estado cuatro años bloqueado en la dirección general de Política Territorial, tal y como informó este diario. El alcalde de Zarra, sin embargo, ha confirmado que ya se ha dado el visto bueno a la planta que afecta a un 25% de suelo no urbanizable común, lo que equivale a 900 hectáreas que básicamente son tierras de cultivo abandonado sin ningún valor ambiental o patrimonial.
Las empresas piden celeridad
Las asociaciones de empresas de energías renovables han agradecido la labor de la hasta ahora consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, y han manifestado que esperan poder reunirse pronto con su sucesora en el cargo, Isaura Navarro, al tiempo que han pedido “acelerar” las concesiones de licencias y autorizaciones a las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.
De este modo, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen) ha agradecido el trabajo de Mollà y ha deseado “seguir trabajando con la misma sintonía” con Isaura Navarro, con quien esperan “reunirse en breve para tratar la situación de las renovables en la Comunitat Valenciana”, han explicado a Europa Press desde la patronal.
Por su parte, el secretario técnico de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (Aselec), Carlos Sánchez, ha indicado que espera que este cambio de gestión “no ralentice las tramitaciones que hay entre manos”. “Sabemos que hay un problema bastante grande de concesiones de licencias fotovoltaicas que nos afecta como sector, no directamente a los instaladores, pero nos interesa que todo fluya de la forma más rápida posible” y “los cambios no suelen ser favorables a ello”, ha manifestado.
Tras su nombramiento este miércoles como nueva consellera, Navarro comentó que hay que reforzar desde el Consell las energías limpias y que tiene un “trabajo importante” por delante.