¿A quién representa Boluda en el Puerto de Valencia?: conflictos de interés e incompatibilidades en el consejo de administración
El Puerto de Valencia deberá tomar en estos meses una de las decisiones más importantes desde el año 2001, cuando decidió descartar su crecimiento en las instalaciones de Sagunto y fiar el grueso del transporte de contenedores a la base de la capital valenciana, con todo el impacto que suponía en una ciudad que quiere ser turística y cosmopolita.
En esta nueva decisión, que ha capitaneado el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, la infraestructura estratégica incrementará todavía más su tamaño respecto a la que planteó el PP de las mayorías absolutas y volverá a cambiar el muelle de cruceros, acercándolo nuevamente a la ciudad y al ya de por sí maltratado barrio de Natzaret.
Este cambio de ubicación del muelle de cruceros, que en el anterior proyecto liderado por el expresidente de la APV, Rafael Aznar, había alejado de la ciudad varios kilómetros para evitar la contaminación, afecta directamente a uno de los empresarios más potentes de la Comunitat Valenciana, a su vez presidente del lobby empresarial AVE (Asociación Valenciana de Empresarios), el naviero Vicente Boluda. La operación que pretende Aurelio Martínez beneficia directamente a Boluda que también forma parte del Consejo de Administración del puerto de Valencia a propuesta de la Generalitat Valenciana.
Boluda forma parte también de Comisión Delegada del Consejo de Administración para el Seguimiento del Plan Estratégico 2001-2020 del puerto de Valencia, donde Aurelio Martínez ha incluido la reforma del puerto que más beneficia al empresario y que además carece de una nueva declaración de impacto ambiental. En concreto, cambiar una concesión que en la actualidad Boluda infrautiliza, eran unos astilleros donde solo repara contenedores, para poder construir una torre de oficinas de 13 pisos.
Aurelio Martínez defendió a preguntas de este periódico que cuando se aprobó la modificación en el plan estratégico que beneficia Vicente Boluda, el empresario salió de la votación del Consejo de Administración. Lo que no aclaró es su presencia en la Comisión Delegada del Consejo de Administración para el Seguimiento del Plan Estratégico 2001-2020, donde se tomarán las decisiones para desarrollar el proyecto.
En esta comisión de seguimiento del plan estratégico hay seis miembros con voz y voto, tres de los cuales están vinculados a las organizaciones empresariales.
De momento, la macroampliación ha generado tal revuelo que Aurelio Martínez todavía no ha llevado al Consejo de Administración del puerto de Valencia la adjudicación de la terminal norte de contenedores que ha ganado la multinacional suiza MSC, propiedad de fondos de inversión.
Estos hechos evidencian que uno de los cuatro representantes nombrados por la Generalitat para supervisar el puerto de Valencia tiene, como mínimo, un conflicto de intereses.
Boluda no es el único representante empresarial que fue nombrado por la Generalitat, aunque la designación la realiza la Conselleria de Infraestructuras, los nombre vienen dados directamente desde Presidencia. Otra de las voces del poder político autonómico en el puerto es Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Navarro es un defensor de la ampliación norte del puerto, aunque no tiene intereses personales en su desarrollo. Eso sí, es llamativo que teniendo los empresarios la capacidad de nombrar a dos empresarios, el líder de la patronal valenciana tenga sillón por nombramiento de la Generalitat.
De hecho, las organizaciones empresariales nombraron a Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, empresario del sector de la logística vinculado a organizaciones empresariales a nivel estatal como Cepyme o CEOE. Y la Cámara de Comercio nombró a Francisco Corell, histórico líder de la patronal valenciana de transporte y empresario de logística muy vinculado al puerto.
Los otros dos miembros del Consejo de Administración del Puerto designados por la Generalitat son Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada valenciana del PSPV, y Josep Vicent Boira. Este último era el único de los cuatro representantes de la administración autonómica con voz y voto en el puerto vinculado a la Generalitat, ya que era secretario autonómico de Infraestructuras. Tras su nombramiento como Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, ninguno de los cuatro representantes del Consell tiene vinculación directa.
Por su parte, entre las incompatibilidades que tienen los europarlamentarios se encuentra la de no poder participar en organismos que gestionan fondos europeos. Las obras de la ampliación norte reciben dinero de la UE, aunque en este caso cabría ver si es el Ministerio de Fomento o directamente la APV la que se hizo y se hará cargo de ese capital público.
Los empresarios tienen un peso específico en la Autoridad Portuaria de Valencia y el Gobierno valenciano de izquierdas la ha aumentado. El anterior presidente de la APV, Rafael Aznar, acabó trabajando para el grupo naviero de Vicente Boluda.
