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El informe de la auditoría sobre la Sociedad de Garantía Recíproca valenciana -actualmente Afín SGR- que fue rescatada con 200 millones de euros de fondos públicos evidencia que los empresarios que gestionaron la entidad se beneficiaron directamente y de manera fraudulenta de sus avales. Además, los controles que debían haberse llevado a cabo por otros patronos y políticos brillaron por su ausencia. El que fuera presidente de la SGR hasta 2012 y de la patronal de Castellón hasta su cierre tras hundirla, José Roca, se autofirmó 3.084.000 euros en avales para sus inversiones en ladrillo, según la documentación en poder de eldiario.es.
Los auditores concluyen que en la aprobación de tres de estos siete avales dos políticos del PP y el presidente de la patronal valenciana incurrieron en “conflicto de intereses indirecto” por sus cargos en la Generalitat y en la Confederación Empresarial Valenciana. El que fuera conseller de Hacienda, José Manuel Vela; el exdirector general del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada y el actual presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro se tendrían que haber abstenido en las comisiones que aprobaron los avales al presidente de la SGR en 2007, 2007 y 2010, respectivamente.
José Roca llegó a recibir avales por valor de 3.084.000 euros, varios de ellos con irregularidades y la mayoría incurriendo en un flagrante conflicto de intereses directo. Estos avales fueron solicitados por Roca para atender pagos de solares en Vila-real, 300.000 euros en 2007; garantizar la entrega de una vivienda, 720.000 euros en 2007; abrir una póliza de crédito de 460.000 euros en 2008; atender gastos de una promoción en Castellón en 2008, 300.000 euros; y cancelar permutas en 2010 de una promoción ya avalada por la SGR por un valor de 400.000 euros.
Para estos avales, el expresidente de la SGR puso en garantía fincas suyas y de su mujer, muchas de ellas con hipotecas suscritas, y los propios bienes que avalaba la SGR. Varias de estas operaciones, según la auditoría, no contaban con el visto bueno de la Comisión de Riesgos. En otras, los auditores se encontraron con una gran cantidad de información no cumplimentada como el plan de amortización solicitado, destino de la operación, fuentes de reembolso, datos del negocio, datos económicos del negocio, fincabilidad, otros bienes de su propiedad, créditos bancarios o de financieras.
La Cierval quería un aval de 16,6 millones
La patronal Cierval, desaparecida en 2017 por los agujeros de las patronales de Alicante y Castellón, también se acogió a avales de manera totalmente irregular. En este caso fue en 2002 cuando Rafael Ferrando era su presidente. La entidad pidió un aval de 16.640.000 euros para garantizar una cantidad adelantada por la Generalitat a la patronal para un programa de formación profesional. Finalmente solo se le autorizaron 1.072.000 euros. “Los 6 documentos de propuesta de ampliación fechados en los años 2002, 2003, 2005 y 2006 no disponen del visto bueno de la Comisión de Riesgos. Asimismo, la propuesta del año 2006 tampoco incluye la firma del director general”, explican los auditores
Los auditores también echan en falta los informes de auditoría, como marcaba la normativa interna. Finalmente, “cierta información no figura cumplimentada en el documento de solicitud del aval, entre ella, la correspondiente a los principales socios; experiencia de la empresa; datos del negocio; relación de empresas vinculadas; datos financieros de la empresa; terrenos, edificios y construcciones afectos al negocio”.