A la vista de un largo puente

Recomendaciones frente a la pandemia y restricciones para no vacunados

El certificado COVID gana protagonismo

Llega el largo puente de la Constitución y la fiesta de la Purísima con los índices de contagios de COVID-19 en alza progresiva, aunque la amplia cobertura de la vacunación, que casi alcanza el 93% entre la población valenciana mayor de 12 años, mantiene bajos los aumentos de hospitalizados por coronavirus. Y con el puente, se pone en marcha en la Comunitat Valenciana la exigencia del certificado COVID para entrar en establecimientos de restauración y hostelería y en locales de ocio nocturno con aforos superiores a las 50 personas, una vez que el Tribunal Superior de Justicia dio la luz verde a la medida. También se exigirá el documento para acceder a residencias de mayores, lo que genera paradojas como la de que sea obligatorio el pasaporte COVID para los visitantes pero no para el personal empleado en ellas.

La Generalitat Valenciana ha optado de momento por no llevar más allá la adopción de medidas ante la cercanía de las fiestas. En un contexto global de alerta por la nueva variante del virus llamada ómicron, la situación en España, sensiblemente mejor que en la mayoría de los países europeos, permite que el presidente Ximo Puig apueste por las recomendaciones de uso de la mascarilla y de evitar grandes aglomeraciones y espacios sin ventilación, más que por las restricciones para afrontar la Navidad. Si la situación no se agrava, la intención es que sólo se aplique el certificado COVID a ciertas actividades. Carlos Navarro Castelló explicaba en elDiario.es dónde es necesario, cómo se obtiene y cómo deben gestionarlo los locales de hostelería y de ocio afectados

En la resolución que autorizó la exigencia en ciertos espacios del certificado de estar vacunados o haber pasado la enfermedad, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana planteaba la conveniencia de una norma general sobre pandemias que evite la “contradicción de criterios” en los tribunales sobre este tipo de medidas. Mientras tanto, en la calle, la necesidad del pasaporte COVID animaba a los rezagados de la vacunación a inmunizarse. Se han visto colas ante puntos de vacunación en el centro de Valencia y en grandes superficies comerciales donde se instalaron algunos de esos puntos.

La Generalitat Valenciana ha redactado un procedimiento sancionador para los incumplimientos del protocolo del certificado COVID que prevé multas de hasta 600 euros a particulares y de 30.000 en casos de máxima gravedad para los locales que se salten la obligatoriedad de ese pasaporte sanitario.

La normalidad de relaciones institucionales 

Los presidentes valenciano y catalán vuelven a verse en Barcelona

No hubo grandes novedades en la reunión que tuvieron los presidentes valenciano y catalán, Ximo Puig y Pere Aragonès, respectivamente, en el Palau de la Generalitat de Catalunya. La gestión de los fondos Next Generation, el desarrollo de las obras del corredor mediterráneo o la gestión de la pandemia de COVID-19 fueron algunos de los asuntos que trataron. La importancia del encuentro estuvo más en el hecho de que esta devolución de la visita que Aragonès hizo a Puig en Valencia el pasado septiembre instaura y visibiliza una normalidad en las relaciones institucionales entre las dos comunidades. Era la tercera vez en un año que se reunían.

Puig y Aragonès asistieron, junto al presidente de Aragón, Javier Lambán, y a la presidenta de las Illes Balears, Francina Armengol, a un acto de Foment del Treball celebrado en Barcelona con la presencia del Rey. 

La reforma del sistema de financiación autonómica

Los focos sobre la ministra Montero

Ella misma se había puesto, en las negociaciones con el diputado de Compromís Joan Baldoví, el mes de noviembre como límite para hacer pública la propuesta inicial, el “esqueleto”, del nuevo modelo de financiación autonómica. Y acabó el mes sin hacerlo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se situó así bajo los focos y bajo las críticas que, desde la Comunidad Valenciana, le recriminaban al Gobierno haber incumplido una vez más con una reivindicación valenciana fundamental: la reforma de un sistema que la perjudica. Desde el ministerio se relativizó la importancia de la fecha porque estaba ultimando el anhelado documento.

Y la buena noticia fue que la población ajustada se convertirá en el eje sobre el que pivotará la nueva asignación de recursos, según las previsiones del Gobierno. Pieza central de la postura valenciana, la prioridad de la población fue destacada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler. “Pasaremos a un sistema transparente, que tenga en cuenta la deuda acumulada como consecuencia de la infrafinanciación. El debate será sobre la letra pequeña, pero es un paso de gigante”, señaló.

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  • Los socialistas valencianos rechazan la denominada tasa turística que defienden sus socios en el Gobierno del Pacto del Botánico. Los intentos de llegar a un acuerdo por parte de Compromís y Unides Podem, con el aplazamiento de su entrada en vigor y la discrecionalidad de cada municipio para aplicarla, no han dado resultado.
  • La empresa Escal UGS SL y dos de sus directivos, que fueron juzgados por los movimientos sísmicos causados en 2013 por el almacén submarino de gas Castor en la costa de Vinaròs, han sido absueltos. La Audiencia de Castellón considera que se respetó la normativa medioambiental y no hubo peligro grave. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha dado vía libre al Gobierno para desmantelar las instalaciones de Castor.

Una caída histórica del paro

Se puede hablar de récord o de caída histórica. En noviembre se ha producido un descenso de 30.633 desempleados en la Comunidad Valenciana, la mayor bajada en toda España. Con este descenso, el total de desocupados se sitúa en 389.726, unos niveles anteriores al inicio de la pandemia.

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