Famílies pel Valencià, un muro de contención contra la ley de Libertad Educativa
Desde los inicios de la tramitación de la conocida como ley de “libertad” educativa, la comunidad educativa se ha manifestado en contra de las “políticas regresivas” del Consell, llegando a tomar las calles el pasado 23 de mayo en una huelga convocada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic.
Ahora, tras el parón de verano, y con el curso escolar empezado, las familias pretenden frenar la segregación lingüística en las aulas y la desaparición del valenciano con una ley que entraría en vigor en su totalidad durante el curso 2025/2026.
Así nace Famílies pel Valencià, un colectivo que inició su periplo con padres y madres que se conocían y que ha llegado a extenderse a gran parte de las comarcas del territorio valenciano. Actualmente forman parte más de 5.300 miembros.
“Vemos con preocupación que nuestros hijos e hijas no puedan estudiar en valenciano en la escuela. Pensamos que la mejor forma de dar respuesta es la organización para que desde la Administración sepan que nos preocupa esta situación. Queremos concienciar a las familias para que marquen la casilla del valenciano”, explica Octavi Ros, portavoz de la asociación.
Otro de los aspectos que denuncia es que en muchos centros docentes no se llegan a cumplir el número de horas lectivas que marca la ley 4/2018 por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, norma que se sigue aplicando en el curso académico actual.
Concretamente, en el artículo 6, se estipula que “el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, en el conjunto de la escolaridad obligatoria, debe ser del 25 % [...]. Debiéndose impartir en cada una de las lenguas oficiales la materia o la asignatura correspondiente a su aprendizaje y al mismo tiempo, como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análogo”.
Y aunque Ros asegura que en principio no tienen intención de movilizarse en solitario, no descartan la idea de salir a las calles si se suman el resto de plataformas que luchan por la continuidad de la lengua.
Asimismo, resalta que no dependen de ningún partido político y que los datos que están recogiendo en su web es para demostrar que existen muchos afectados: “Estamos muy motivados porque en 48 horas recibimos miles de personas interesadas y varias propuestas de miembros del ámbito de la ilustración para crear algunos diseños. Todas las iniciativas, ya sean de partidos políticos, sindicatos o por parte de la sociedad civil que pretendan frenar la ley serán bienvenidas”.
Famílies pel Valencià cuenta con distintos canales de difusión, como Telegram, Whatsapp o Instagram- red en la que han alcanzado los 11.500 seguidores- donde pretenden visibilizar sus acciones y defender la enseñanza pública valenciana.
La cara B de la ley Rovira
Con la ley de Libertad Educativa o comúnmente conocida como ley Rovira, acuñada por los medios en nombre del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, la Conselleria tiene intención de realizar una consulta a las familias para que tengan la potestad de escoger el porcentaje de valenciano y castellano que deseen para sus hijos. Sin embargo, esta medida es un arma de doble filo que afectaría a los tiempos de enseñanza del valenciano, y que pone en peligro la continuidad de la lengua en zonas castellanohablantes, lo que atentaría contra las bases del Estatuto de Autonomía.
Concretamente, en las etapas desde Infantil hasta segundo de Primaria, el 80% del tiempo de clase sería mayoritariamente en castellano, lo que se traduce en un 10% de clases en valenciano, correspondientes a la asignatura, y el otro 10% a la de inglés. A ello se añade que la enseñanza de la lectura y escritura se hará completamente en castellano.
Asimismo, se podrá pedir la exención del valenciano en etapas como Primaria y Secundaria, pero el alumnado está obligado a acudir a las clases. En cuanto a estas dos niveles y en Bachillerato, gran parte de las horas lectivas serán en castellano. Otro aspecto que contrasta con la actual ley es que los estudiantes de zonas castellanohablantes o aquellos que acrediten residencia temporal en la Comunitat Valenciana no están obligados a estudiar ni realizar los exámenes en valenciano, así como aquellos estudiantes que no hayan cursado durante los tres últimos años la materia, tendrán la posibilidad de pedir la exención de la prueba de valenciano, tanto en el curso académico como en la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
Organismos culturales como el Consell Valencià de Cultura o la Acadèmia Valenciana de la Llengua, máxima institución encargada de asentar las bases de la normativa lingüística del valenciano, han discrepado en torno a la aplicación de esta ley: afirman que el texto promueve un visión regresiva de la lengua cooficial y que podría traer consecuencias negativas para la cohesión social.
Ante esta situación, Compromís decidió reunir 50 diputados de los grupos Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que se menciona el incumplimiento de la Constitución, el Estatuto de Autonomía valenciano y varios reales decretos y cuestionan el concepto “libertad educativa” que anuncia la norma. De momento, el TC no se ha pronunciado al respecto.
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