¿Un manicomio en la prisión?: el Gobierno valenciano se opone a la construcción de un macro hospital psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas

España comenzó la abolición de los llamados manicomios, un sistema más cercano al de la prisión que al del tratamiento de la enfermedad mental, con la Ley de Sanidad de 1986. El concepto de hospital psiquiátrico fue evolucionando hacia una perspectiva más respetuosa con los derechos humanos y la integración de los pacientes con acompañamiento médico, combinando la atención en salud mental con las políticas activas de inclusión. Tres décadas después de la ley, en España existen 91 centros de salud mental y tratamiento de toxicomanías, con cerca de 13.500 camas; el cuarto país a la cola de Europa por cada 100.000 habitantes. Los centros trabajan con previsión de atender a los pacientes agudos, no las estancias prolongadas.

Si en el sistema sanitario existen carencias, en el campo penitenciario la salud mental aún tiene fuertes lagunas. El Código Penal español establece como inimputable “el [individuo] que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. No obstante, la ley contempla el internamiento como medida de protección para el propio individuo, pero no es un reo al uso, como sucede con los menores. En España existen dos hospitales penitenciarios: Fontcalent (Alicante), con cerca de 300 personas, y Sevilla, con 150 plazas para personas con patologías diversas y condenas diversas. En 2019, según las denuncias de los sindicatos, solo contaban con un psiquiatra cada uno y durante la pandemia han pasado meses sin la visita de un profesional, según denuncia la asociación Àmbit.

Con este panorama, un proyecto del Ministerio de Interior ha hecho saltar todas las alarmas. Un macrocentro hospitalario penitenciario para 500 personas en el emplazamiento de la prisión Levante II en Siete Aguas (Valencia), un modelo que doscientas entidades consideran anacrónico y opuesto a la tendencia del tratamiento en salud mental. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, de quien depende la secretaría general de Instituciones Penitenciarias, destinará 80 millones de euros, de los que 700.000 serán para la redacción del proyecto para revitalizar la fallida cárcel y reconvertirla en un espacio para personas en privación de libertad con trastornos mentales, según los pliegos de Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado). La prisión de Siete Aguas se adjudicó en 2010 y se paralizó en 2012 con una inversión ejecutada de 14 millones de euros.

El proyecto se ha encontrado con la oposición de las asociaciones que trabajan los trastornos mentales en prisión, de los profesionales de la salud mental y del Gobierno valenciano, a través de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y del comisionado de Presidencia para la Salud Mental, el catedrático en Psiquiatría Rafael Tabarés. La vicepresidencia, con competencias en salud mental, trasladó su negativa al proyecto en una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero. El departamento de Oltra aboga por una atención especializada, comunitaria y de proximidad, con centros pequeños y deslocalizados, en línea con el nuevo mapa de servicios sociales. El lunes, tras una reunión con los colectivos que se oponen al centro, la vicepresidenta expresó que se posicionaba con los criterios de la OMS y con expertos internacionales en salud mental, que rechazan esta clase de “macrocentros”, donde las personas con trastornos de salud mental grave se encuentran “lejos de casa y desarraigados, lo cual dificulta poder hacer este acompañamiento tan necesario en su rehabilitación”. Oltra aboga por recursos cercanos que potencien la autonomía personal y mantengan a las personas con trastorno mental grave “en su entorno social y familiar por medio de servicios de atención social complementarios a la atención especializada”, como por ejemplo las viviendas tuteladas o los recursos de orientación laboral que “favorecen su inclusión y su integración”. El Ejecutivo autonómico reclama que se trasladen las competencias en sanidad penitenciara, una petición que ha reiterado Unides Podem en las Corts Valencianes.

“El modelo sanitario de prisiones es un modelo fallido”, expresa Javier Vilalta, representante de Àmbit, asociación que trabaja por la inclusión de reclusos con problemas de salud mental. Vilata indica que el modelo que plantea Interior va en contra de la estrategia de salud mental, “desarraiga” a los internos e implica volver al modelo de los noventa y considera que las prisiones no son espacios para las personas con patologías duales, que son extremadamente vulnerables. La asociación Àmbit lidera la oposición al proyecto en la Comunitat Valenciana con un escrito que une a doscientos colectivos y traslada su descontento al proyecto de Interior: “La construcción de este centro refuerza una serie de valores que son totalmente contrarios a los que, desde hace tiempo, se defienden de forma clara y repetida desde las distintas instituciones españolas e internacionales implicadas este ámbito. Las estrategias de intervención que se llevarán a cabo en este centro psiquiátrico penitenciario van en dirección totalmente opuesta a la que marcan tanto organismos nacionales como internacionales”, recoge el escrito enviado al Gobierno central, que reclama que el coste de retomar las obras de la prisión se destine a facultativos para los centros penitenciarios. Algunos, como el de Castellón, llevan años sin recibir la visita de un psiquiatra.

El senador de Compromís, Carles Mulet, recogió el escrito y preguntó al Ejecutivo por el rechazo al proyecto. La respuesta del Gobierno elude referencias a las críticas y se limita a informar del procedimiento: “Se informa que, para culminar la construcción de este será necesario, previamente, realizar una modificación del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP), en la que se está trabajando en estos momentos, y en la que se está teniendo en cuenta que el diseño de la infraestructura pueda favorecer la intervención terapéutica”.

La Ley de Sanidad que pretendía acabar con el modelo de psiquiátrico establece que “se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales”. “Un recluso no pierde sus derechos sanitarios”, recuerda Vilalta, que critica que “a las personas con patología dual se les aplica un criterio punitivo y no sanitario”. De seguir adelante el proyecto, el colectivo prepara varios recursos judiciales.