El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha mantenido este lunes la posición del Gobierno de no continuar con las inyecciones de gas del proyecto Castor, pese a que en los últimos 13 días no ha habido temblores de relevancia.
De hecho, Soria precisó que el máximo movimiento de la zona de Vinaròs se ha situado en los 1,8 puntos de intensidad, pero insistió en que todo desarrollo se limita a la seguridad ciudadana y que, por tanto y aún a la espera del informe del Instituto Geológico Minero Español, las inyecciones de gas en Castor “no se van a reanudar”.
“En los últimos 13 días no se han producido movimientos sísmicos relevantes, pero el Gobierno se mantiene en la no continuación de la actividad en tanto no haya garantías plenas”, concluyó.
Indemnización
El Tribunal Supremo desestimaba desestimaba la pasada semana el recurso presentado por el Gobierno acerca de la cláusula del contrato que prevé indemnizaciones a Escal UGS (concesionaria de Castor), en caso de extinción o caducidad de la concesión. Por lo tanto, el Gobierno deberá pagar una indemnización mil millonaria a los dueños de la planta de almacenamiento en caso de cierre de las instalaciones.
El Supremo entiende que, en caso de no haber desmantelamiento, es “coherente” que se contemple una compensación a Escal, pues al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno “presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación”.
El cobro de la indemnización “dependerá de las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto en que se hayan producido”.
Además, hace unos días, un informe del Instituto de Geociencias de Madrid (IGEO), advertía del riesgo de explosiones en caso de fugas de gas.