El Supremo abre la vía a 2.100 licencias de Uber y Cabify en la Comunitat y pone en pie de guerra a los taxistas
El sector del taxi en la Comunitat Valenciana, e incluso en el resto de España, podría dar un vuelco importante por la competencia de los VTC (vehículos de transporte con conductor) que gestionan plataformas digitales como Uber y Cabify, con miles de licencias paralizadas en los juzgados, eso sí, hasta ahora.
Y es que, el Tribunal Supremo acaba de conceder 80 licencias VTC de vehículos con conductor que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid, sin entrar “en la legalidad o no” de la Ley de Transporte Terrestre de 2015, ya que estas licencias se pidieron con anterioridad.
En dos sentencias, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo estima los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas; Jojucar recibirá 60 licencias y Gran Vía, 20.
Pese a afectar a tan solo 80 licencias, el fallo crea un precedente para miles de licencias que están recurridas judicialmente y que tras esta sentencia, tienen todos los visos de salir adelante.
Actualmente, existe un ratio legal según el cual, tan solo se puede autorizar un permiso de VTC por cada 30 taxis. En la Comunitat Valenciana, este límite se cumple, incluso se sobrepasa ya con creces, puesto que hay un total de 4.700 taxis y 232 autorizaciones de VTC.
Sin embargo, según datos de la Conselleria de Vertebración, actualmente tienen 2.182 solicitudes de licencia denegadas, de las que 1.006 están judicializadas y a la espera de sentencia, que con toda seguridad, saldrán adelante.
Al respecto, el presidente de Unauto VTC en la Comunitat Valenciana, Oscar Pastor, ha comentado que el fallo favorable del Supremo era previsible, como ya advirtieron en su momento: “Todas las licencias VTC solicitadas entre los años 2013 y 2015 van a salir adelante, salvo aquellas que tengan algún defecto de forma”.
Pastor ha pedido a las administraciones que dejen de gastar dinero público con recursos que, como se ha visto, no van a tener ningún recorrido.
El presidente de la entidad ha asegurado que tal y como figura en su tarjeta de transporte emitida por la adminsitración, también están considerados como un servicio público: “La diferencia con los taxis es que en nuestro caso tiene que haber una contratación previa que se puede por teléfono o por plataformas como Uber, Cabify o Mytaxi, es decir, los coches no pueden cargar en paradas de taxis ni en la calle con un 'alto' del cliente; además, las tarifas de los VTC están liberalizadas y los coches son particulares”.
Por su parte, el presidente de la Federación Sindical del Taxi, Fernando del Molino, ha comentado que las sentencias del Supremo han caído como un jarro de agua fría en el sector: “Va a ser la puntilla para muchos taxistas porque la oferta se va a multiplicar por tres o por cuatro”.
Así, de momento han confimado que el próximo 29 de noviembre harán una gran manifestación junto al resto de taxistas españoles en Madrid para solicitar una solución y la defensa del sector como servicio público.
Con este objetivo, han iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change ORG.
