La falta de personal en la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Cambio Climático lastra las inspecciones y complica aplicar las multas a las empresas que incumplen la normativa. La dirección general lamenta por activa y por pasiva la escasez de medios, reconociendo que no puede hacer más porque no llega.
La memoria del plan de inspección en materia de calidad ambiental y prevención contra el cambio climático, elaborada anualmente por la dirección general homónima, recoge que en 2017 solo se inspeccionaron personalmente 14 plantas, lo que supone un 7,3 % de las instalaciones que se había previsto inspeccionar a principios de año (un total de 190). “Estos bajos resultados son debidos al elevado ratio que se da en la Comunitat Valenciana, número de instalaciones / número de inspectores, que ascendía a 161”, reconoce la resolución del departamento de Joan Piquer. Unas cifras que muestran que el personal del que dispone la conselleria está sobrecargado y, como consecuencia, no puede cumplir los objetivos.
Los resultados que lamenta la dirección general no se deben al absentismo de funcionarios ni a una excesiva burocraticación del proceso. Comienzan a entenderse al poner la vista sobre el personal. En 2017 solo había tres inspectores para más de 500 plantas a revisar, un equipo que aumentó en dos personas para 2018. En otras comunidades como Madrid o Cataluña, la ratio es de seis plantas por inspector, a años luz de las 160 en la valenciana. Estas inspecciones, que se realizan de forma presencial, incluyen el análisis de toda la gama de efectos ambientales relevantes de cada instalación. Por ejemplo, las emisiones que se vierten al aire, las transmisiones de residuos o los vertidos de aguas residuales.
Respecto a las inspecciones documentales -las que no requieren acudir a la planta o fábrica-, durante 2017 se revisaron documentalmente un total de 32 instalaciones con autorización ambiental integrada, “no habiendo sido posible dedicarle más tiempo al programa de inspección, debido a que los escasos recursos personales disponibles también se han utilizado en la tramitación de los informes de inspecciones” de otros cuerpos.
El personal de la dirección general trabaja en coordinación con otros servicios, como el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil o el Grupo de Medio Ambiente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, de otros técnicos de la consellería y de los inspectores de los ayuntamientos, aunque sus informes vuelven a pasar por los técnicos de Medio Ambiente. Desde el pasado jueves, la dirección general cuenta con el refuerzo de 15 técnicos, llegando a un equipo de 70 personas para realizar todos los trabajos con sus respectivos informes. Un volumen que, pese al esfuerzo de la conselleria, sigue lejos del ideal.
La Policía y el resto de organismos mencionados anteriormente tramitaron 1.746 denuncias, que pasaron a los inspectores de Medio Ambiente. En total, el equipo de la dirección general tramitó 1.286 expedientes de denuncia, que acabaron en 95 expedientes sancionadores. Se desconoce qué cantidad ha sido recaudada en multas a las empresas que incumplían la normativa, otro aspecto lastrado por la falta de funcionarios.
No obstante, indica el documento de la memoria de 2017, los informes realizados tras las correspondientes visitas de inspección, “revelan que en la mayoría de las visitas realizadas los incumplimientos detectados no eran graves y fueron subsanados con gran diligencia, únicamente se han iniciado, como consecuencia de las inspecciones realizadas y ante incumplimientos mas graves, tres expedientes sancionadores, lo que supone un 21 % del total de informes realizados”.
En el presente año, hasta la fecha, se han tramitado 893 expedientes de denuncia, la mayoría de los cuales tienen que ver con la gestión de residuos (más de 600) y la calidad de la atmósfera (63). De ellos, por el momento, 159 han terminado en expediente sancionador, una cifra notablemente superior a la del año anterior. Desde la dirección general relacionan directamente el aumento de sanciones con un aumento de personal y esperan estar más cerca de sus objetivos este año. Hace tres días, el Consell inició expediente a ocho canteras.
Fuentes de la conselleria que dirifge Elena Cebrián lamentan que su departamento sea uno de los menos prioritarios de los presupuestos autonómicos y estatales. Para los últimos presupuestos, la conselleria tendrá 404,3 millones para gestionar (un incremento del 14,3%), repartidos entre Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Sin la reforma del sistema de financiación, reconocen desde este departamento, no se puede hacer mucho más.
El objetivo de los planes es comprobar el grado de implementación de la normativa ambiental y su aplicación efectiva en aquellas actividades ubicadas en la Comunitat Valenciana que pueden producir un mayor impacto ambiental y conseguir en última instancia la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.