Vuelta a empezar para Carlos Crespo, hermano del exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, en el 'caso Emarsa'. El Tribunal Supremo ha anulado la condena de dos años de cárcel que le había impuesto por blanqueo de capitales la Audiencia Provincial de Valencia. Según el Alto Tribunal, el juzgado valenciano no tiene competencia para juzgar esta pieza de la causa al tratarse de un delito cometido por un español fuera del territorio nacional. Y lo remite a la Audiencia Nacional, competente en este tipo de ilícitos.
Con esta decisión, el Supremo acepta el recurso impuesto por la defensa y provoca que el juicio se tenga que volver a repetir. “El delito de blanqueo es autónomo e independiente; sólo requiere el conocimiento del origen delictivo del dinero, no el conocimiento exacto del delito”, recoge el fallo. El Alto Tribunal, además, entiende que “teniendo en cuenta que la causa principal de la que este procedimiento es pieza separada se está enjuiciando en la Audiencia Provincial de Valencia, parece de toda lógica esperar a la conclusión del plenario”.
Carlos Crespo fue condenado por ayudar a su hermano -entonces presidente de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas del área metropolitana de Valencia- a blanquear 350.000 euros. Por estos hechos se le impuso una indemnización de 357.019 euros, más los intereses legales correspondientes, que debería abonar a la empresa pública Emshi. Aunque después la Audiencia Provincial apreció la atenuante de reparación del daño porque el condenado depositó 350.000 euros, la cantidad supuestamente lavada, antes del comienzo del juicio.
La sentencia del órgano provincial consideró probado que Carlos Crespo “contribuyó a ocultar o encubrir el origen delictivo del dinero de referencia, sabiendo que su procedencia era delictiva”, ya que en 2007 se desplazó con su hermano a Andorra para abrir una cuenta bancaria.
Cifrado en 24 millones de euros, en el 'caso Emarsa' se investiga el desfalco provocado por cargos locales del PP en la depuradora que saneaba las aguas de los municipios del área metropolitana de Valencia al hinchar facturas que iban a las arcas del empresario Jorge Roca. El sobrecoste que se retornaba a los responsables del ente fue gastado supuestamente en comilonas, regalos y 'traductoras' rumanas.