Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la investigación de la presunta financiación en B de la financiación electoral del PP de Rita Barberá han confirmado durante la primera sesión del juicio por la pieza separada A del 'caso Taula' que el coste en las elecciones de 2007 “podría haber superado los dos millones de euros”. “Es difícil de cuantificar”, ha asegurado uno de los agentes que ha comparecido en calidad de testigo perito. “En todo caso”, ha agregado, “son cuantías superiores a los 150.000 euros” que establecía la normativa electoral como tope para los gastos de los partidos políticos.
El agente de la UCO ha especificado que el entramado del grupo empresarial Laterne recibió “ingresos en efectivo” por parte de empresas contratistas del Ayuntamiento de València.
Los agentes han relatado los avances de las pesquisas y han destacado el contrato suscrito entre el empresario Vicente Saez, ya fallecido, y el entonces vicealcalde de València, Alfonso Grau (acusado en la causa), para la campaña de las elecciones de 2007.
Otro de los agentes que ha declarado como testigo ha recordado que el PP de València mantenía dos cuentas bancarias, una de las cuales no estaba fiscalizada. Se trataba, según ha dicho, de una cuenta “carente absolutamente de control”. De hecho, el PP confirmó que era una cuenta específicamente del grupo municipal popular.
Uno de los agentes ha aludido al “manejo de dinero en efectivo en el seno del grupo municipal” popular. En la campaña de 2011, el PP de Rita Barberá recurrió al grupo Trasgos para los trabajos electorales. Y la UCO comprobó que los gastos en que había incurrido esa empresa fueron superiores a 150.000 euros.
“Se evidenció que los gastos en que había incurrido Trasgos superaban, al menos, en 110.000 euros a lo que habían ingresado, de lo cual se deduce que debía existir otra fuente de ingresos”, ha resumido uno de los agentes de la UCO de la Guardia Civil.
Los investigadores confirmaron que la mecánica de aportación de fondos por parte de empresas contratistas se repitió tanto en la campaña de 2007 como en la de 2011. Además, ha destacado, que las empresas que aportaban los fondos “sólo facturaban con Trasgos en el momento de la campaña [electoral].
Primera sesión del juicio de la pieza A del 'caso Taula'
La primera sesión del juicio de la pieza separada A del 'caso Taula' ha arrancado este martes con la exposición de las cuestiones previas de las partes. Las defensas han alegado la supuesta prescripción de los hechos mientras que el fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, asegura que el tope de la prescripción para el presunto delito de malversación se sitúa en 15 años.
En el banquillo de los acusados se sientan Alfonso Grau, exvicealcalde de València durante el mandato de Barberá, y Mari Carmen García Fuster, exsecretaria del grupo municipal popular, por la presunta financiación en B de las campañas del PP en 2007 y 2011.
El cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, se encarga de la defensa de la exsecretaria del grupo municipal popular. En la sala ha estado acompañado por la sobrina de la fallecida alcaldesa, la también abogada Rita Corbín Barberá. Tanto José María Corbín como su hija Rita figuran como investigados en el 'caso Azud', una causa de presunta corrupción que nace precisamente de la pieza A del 'caso Taula'.
En el banquillo de los acusados también se sientan José Salinas, de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y Juan Eduardo Santón, de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento.